Los golpistas egipcios preparan el asalto a las sentadas islamistas

El tiempo corre en contra de las concentraciones de los detractores del golpe de Estado en Egipto que están en el punto de mira de las nuevas autoridades. Tras las advertencias de los militares y del Ministerio de Interior, el Gobierno en pleno decidió adoptar «todas las medidas necesarias» para poner fin a las acampadas de los islamistas en El Cairo, al considerar que suponen «un peligro para la seguridad nacional y la paz social», una declaración de intenciones de un desalojo violento que se puede producir en cualquier momento y para el que las autoridades interinas llevan días tratando de encontrar argumentos.

La ministra de Información, Dorreya Sharafedin, aseguró que el corte de carreteras y las amenazas contra la ciudadanía que aprecia en estas acampadas son «un peligro para la seguridad nacional y la paz social». Y el Gobierno que encabeza Hazem el-Beblaui subrayó que «la violencia y el terrorismo amenazan con derrumbar la patria», por lo que pidió al Ministerio del Interior que adopte las medidas necesarias para «cumplir con la Constitución y la ley».

Anoche, una fuente de alto rango de Interior citada por la agencia oficial Mena habló de una operación gradual contra los seguidores de Mursi, que empezaría con advertencias para que abandonen las protestas y seguiría con acciones sobre el terreno. Si la invitación a terminar con las movilizaciones no surte efecto, llegaría la hora de los gases lacrimógenos. En caso de que los concentrados respondieran de forma violenta, las fuerzas del orden se considerarían con derecho a «defenderse» y habilitadas para comprobar la supuesta existencia de armas de fuego y la presencia de extranjeros entre las filas de los opositores al nuevo poder respaldado por el Ejército.

Los manifestantes proMursi mantienen dos acampadas en la capital desde el golpe militar del 3 de julio: una frente a la Universidad, en Giza, y otra en la mezquita de Rabaa al-Adawiya. En estas concentraciones se han producido las matanzas más graves desde la caída de Mursi. Los responsables de estas movilizaciones que lideran los Hermanos Musulmanes se niegan a retirar a los miles de concentrados hasta que el expresidente sea puesto en libertad y recupere su cargo, condición que rechazan de manera frontal unas autoridades interinas para las que resulta imposible la vuelta atrás.

Llamamiento de EE UU

El sábado, el responsable de Interior, Mohamed Ibrahim, afirmó que las fuerzas de seguridad se preparaban para desmantelar «muy pronto» las acampadas de los seguidores de Mursi, pero el viaje de Catherine Ashton congeló durante unas horas un plan que el Gobierno parece tener prisa para poner en marcha. La representante de la Política exterior de la Unión Europea se entrevistó el martes durante dos horas con Mohamed Mursi, retenido desde el 3 de julio por los militares en un lugar secreto e investigado desde la semana pasada por delitos de homicidio y cooperación con el grupo palestino Hamás.

Pero ni la visita de Ashton ni la posterior de representantes de la Unión Africana han supuesto un cambio en la situación de Egipto sobre el papel, en la que los únicos que parecen tener capacidad de maniobra son los militares. A ellos se dirigió en realidad anoche el Departamento de Estado de EE UU, aunque formalmente pidió «al Gobierno interino que respete el derecho de reunión pacífica» que representan las acampadas de los Hermanos Musulmanes, dijo en rueda de prensa la portavoz Marie Harf. El nuevo llamamiento de Washington a la contención «por supuesto incluye las sentadas». Los Hermanos Musulmanes egipcios pidieron ayer a la comunidad internacional que asuma «su responsabilidad para impedir eventuales masacres de civiles desarmados que se manifiestan de manera pacífica».