Los populares aprueban la ley de transparencia con el único apoyo de CiU y PNV

El tirante clima político provocado por el 'caso Bárcenas' hizo ayer imposible que el PP y el PSOE pactasen el texto de la ley de transparencia que el pleno del Congreso aprobará en septiembre. La que iba a ser la primera gran norma política de la legislatura consensuada por los dos grandes partidos se ha visto atropellada por el escándalo del extesorero. Al final, los populares lograron el respaldo de CiU y PNV y no pierden la esperanza de que los socialistas terminen por sumarse a la iniciativa en el Senado.

La ley de transparencia, que el Gobierno pretende tener aprobada antes de que termine el año, busca revolucionar la vida pública y ser una vacuna contra la corrupción.

La norma obligará a todas las administraciones públicas -estatal, autonómica y local-, a las grandes instituciones (Casa Real, CGPJ, Banco de España, tribunales Supremo y Constitucional, etc), a los partidos políticos y sindicatos, así como a todas las entidades privadas con una financiación pública mayoritaria a publicitar a través de internet todas sus cuentas y actividades (presupuestos, sueldos y bienes, auditorias, contratos, convenios, subvenciones, e incompatibilidades, entre otras) y a contestar a las demandas de información concretas de los ciudadanos. En el caso de las organizaciones privadas, tendrán esta obligación de publicidad todas las que reciban al menos el 40% de sus fondos de las administraciones o las que superen una transferencia pública anual de 100.000 euros, cantidades que incorporan, entre otras, a la Iglesia católica. Se prevén sanciones para quien no cumpla con las obligaciones.

Entre los puntos en los que están en desacuerdo los partidos de la oposición es en que el silencio administrativo negativo sirva para rechazar peticiones de información o que las obligaciones de publicidad no alcancen a las campañas de promoción institucional o que se pongan demasiados límites al acceso a la información a petición privada.

No obstante, el punto de mayor discrepancia es el Consejo de la Transparencia, que auditará el cumplimiento de la ley, propondrá sanciones y verá los recursos a las negativas de información. A su presidente le nombrará el Gobierno por cinco años y lo deberá ratificar el Congreso por mayoría absoluta. El PSOE pretendía que el nombramiento lo hiciese el Parlamento y por mayoría de tres quintos, para aumentar la independencia del Ejecutivo.