El Ayuntamiento aclara que nunca ha autorizado la demolición de Náutica

La situación del edificio de la Escuela de Náutica y su futuro son un tema demasiado extenso para tomarlo a la ligera. Eso dijo ayer la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, a tenor de las últimas informaciones acerca de las intenciones respecto al inmueble de la Junta de Andalucía. La amenaza creciente de derribo y la posible cesión al Ayuntamiento para su adecuación como Museo de Arqueología Subacuática van a ser analizadas y la respuesta oficial del equipo de Gobierno gaditano al órdago lanzado por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz va a ser contundente en cuestión de horas.

Lo que sí se sabe es que el malestar de las autoridades municipales en torno a este asunto va en aumento. Las declaraciones de López Gil en los últimos días no han contribuido a acercar posturas. Más bien todo lo contrario. Una de las cuestiones que peor han sentado en San Juan de Dios es que el delegado del Gobierno afirmara el pasado martes que en el trámite que se inició hace ya más de cinco años para sustituir el actual edificio «ya el Ayuntamiento aceptó el derrumbe porque aprobó el proyecto de la Junta de demolición y construcción de una nueva fachada». Este periódico ha tenido acceso a un informe técnico de la Delegación de Urbanismo relativo a las actuaciones permitidas en el edificio de Náutica en la que se recomienda todo lo contrario. En dicho documento, se enumeran todos los condicionantes que hacen que este edificio reciba un alto grado de protección, teniendo la catalogación correspondiente como Bien de Interés Cultural y formando parte además de un «ámbito urbano protegido» -el del entorno de La Caleta-, según el Plan General. Pero además de esto se presentan una serie de consideraciones acerca del proyecto que manejaba en aquel momento el Gobierno andaluz.

Este proyecto incluía, entre otras cuestiones, la demolición del edificio existente a tenor del informe patológico fechado en noviembre de 2007; la reconstrucción parcial del mismo, que afectaría a la fachada principal, mástil, proa, curva, patio y puente de mando; y la construcción de dos sótanos en lugar de uno que tiene el inmueble original. A todo esto los técnicos municipales respondían lo siguiente: «Conviene dejar claro que cualquier decisión relativa a las actuaciones sobre los edificios catalogados que, por su estado físico irreparable, sean excepcionalmente declarados en situación de ruina, su demolición deberá ser autorizada por la administración competente en materia de Patrimonio Histórico», que en este caso sería la Consejería de Cultura.

En el informe técnico se advertía igualmente que «la situación de ruina física a la que se llega es fruto de la dejadez del propietario en sus deberes y obligaciones en cuanto al mantenimiento». Por último, se aclara que «en el informe de protección emitido con fecha de 24 de junio de 2008 se destacan, por la Consejería de Cultura, aquellas partes de valor arquitectónico a conservar del edificio. En este sentido la administración local recoge fehacientemente dichas determinaciones de protección y conservación. No se habla en ningún caso de reconstruir. De hecho, se habla de intervención-rehabilitación para adaptarse a los nuevos usos que demanda la sociedad».