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No habrá clemencia para Ji Zhongxing

El hombre que trató de inmolarse en el aeropuerto de Pekín es arrestado y puede ser condenado a 10 años de prisión

SHANGHÁI. Actualizado: Guardar
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El Gobierno chino se enfrentaba a un difícil dilema: mostrarse compasivo con Ji Zhongxing, un hombre que, en un acto de desesperación y tras una larga injusticia, trató de inmolarse haciendo explotar un artefacto casero en el aeropuerto de Pekín, o darle un bofetón con su característica mano de hierro para evitar que este tipo de casos se reproduzca. Aunque parecía que iba a optar por la primera opción, ya que las autoridades de la ciudad de Dongguan aseguraron haber reabierto su caso, el arresto el lunes de Ji, que ha perdido una mano como consecuencia de la deflagración, hace pensar que no habrá clemencia para él.

De hecho, su abogado, el activista Liu Xiaoyuan, confirmó ayer que se le acusa de un acto terrorista con bomba, un crimen que conlleva una condena de entre 3 y 10 años de cárcel porque no causó graves daños. Solo él resultó herido. Y poco le importaba, ya que su acción fue en respuesta a casi ocho años de lucha para conseguir una compensación justa por la paliza que miembros parapoliciales le dieron por utilizar su motocicleta como taxi sin tener licencia. Las heridas lo dejaron paralítico, y tanto el nulo interés de los gobernantes por el caso como las deudas que había contraído por el tratamiento médico, lo llevaron a buscar una salida drástica.

No obstante, Ji está en buenas manos. Liu, conocido por su defensa a ultranza de los Derechos Humanos, ha representado con éxito en los tribunales a otros individuos molestos para el régimen, como el artista Ai Weiwei. En cualquier caso, la prensa oficial ya ha dejado claro que no van a tener fácil ganar el juicio. «Incluso si uno simpatiza con las experiencias que ha sufrido, no se puede tolerar la preparación de explosivos», escribió en un artículo de opinión el 'Diario del Pueblo'. Por si acaso, el rotativo también lanzó un globo sonda en la dirección opuesta: «El mejor modelo es aquel en el que tanto el Gobierno como sus funcionarios respetan a unos ciudadanos que se rigen por la ley».