El atentado de Al-Qaida contra diez soldados agrava la crisis política de Túnez

El presidente de Túnez, Monsef Marzuki, decretó tres días de luto nacional por la muerte la noche del lunes de diez soldados en una emboscada perpetrada por supuestos terroristas de Al-Qaida en los montes de Chaambi, cerca de la frontera argelina. Varios medios nacionales aseguraron que otros tres militares resultaron heridos por la explosión de una mina y mostraron imágenes de algunos uniformados degollados.

«Está siendo atacado el sistema político tunecino, su revolución, su estilo de vida y su islam moderado», aseguró Marzuki en un discurso a la nación. El mandatario subrayó que «el aumento de las divisiones, de la confusión y del caos y el estancamiento de las instituciones» solo favorece a los objetivos de los terroristas y llamó a «todos los grupos políticos, sin excepción, a que actúen a la altura de las circunstancias históricas» y superen las diferencias.

La muerte de los soldados en una zona donde decenas de militares han resultado heridos en los últimos meses, debido a explosivos colocados por grupos supuestamente próximos a Al-Qaida, agrava la crisis política que vive Túnez después del asesinato, el día 25, del diputado y dirigente opositor Mohamed Brahmi. De hecho, la inestabilidad que vive el país es la más grave desde la revolución de enero de 2011 que puso fin al largo régimen dictatorial de Zine al Abidine Ben Ali.

Dimisión del Gobierno

La muerte a tiros del izquierdista Brahmi desató una oleada de protestas encabezada por los principales partidos de la oposición, que piden la dimisión del Ejecutivo del islamista moderado Alí Laridi, e incluso la disolución del Parlamento. Laridi insistió en que el Gobierno continuaría hasta el final del mandato, aunque prometió la celebración de elecciones el próximo 17 de diciembre.

La Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el principal sindicato del país con 600.000 militantes, reclamó también ayer la disolución del Gobierno liderado por el partido islamista Ennahda y su sustitución por un Ejecutivo de tecnócratas con liderazgo independiente. No obstante, la central prefirió no sumarse a los llamamientos de la oposición para que se disuelva la Asamblea Constituyente, que se encuentra a pocas semanas de concluir la redacción de la nueva Constitución. El sindicato no quiere añadir un vacío legislativo a lo que considera inoperancia del Gobierno.