El Gobierno desvelará el miércoles los topes de déficit diferenciados por autonomías

El Gobierno, después de meses de negociaciones, desvelará el próximo miércoles los topes de déficit público que autoriza a cada una de las comunidades autónomas para 2013, que en conjunto no podrán superar el 1,3% del PIB.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se espera tensa, previsiblemente autorizará una desviación presupuestaria para este año algo superior a la media a las autonomías con mayores problemas financieros, para evitar que se agrave la recesión y los problemas de liquidez que viven sus territorios.

La decisión de autorizar límites de déficit públicos asimétricos a las comunidades, que de acordarse sería la primera vez que se hace, procede directamente de Mariano Rajoy, que la defiende como necesidad excepcional y transitoria para no agravar los problemas financieros de regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Murcia o Canarias, que en 2012 fueron incapaces de cumplir con el 1,5% de tope de déficit que se fijó para todas.

La posibilidad de que el Ejecutivo autorice este año a determinadas comunidades lo que se ha bautizado como «déficit a la carta» va a tener una clara oposición de las autonomías que sí cumplieron los objetivos en 2012 y que temen resultar perjudicadas para que se premie a las que rebasaron los topes. Entre los gobiernos que han mostrado su total desacuerdo con la asimetría están varias comunidades gobernadas por el PP, de forma especial Madrid y Extremadura.

El Gobierno no ha dado muchas pistas sobre el acuerdo final que pondrá sobre la mesa, pero Montoro siempre dijo que tiene que cumplir como mínimo cuatro condiciones: su excepcionalidad, que el tope de todas las autonomías sea inferior a su déficit en 2012, que el desvío global no supere el 1,3% fijado para el conjunto, y que se mantenga la senda que llevé al 0,2% en 2016. El porcentaje general se mejoró en seis décimas -sobre el 0,7% inicial- gracias a la flexibilización de la senda de reducción del déficit que la UE autorizó en junio a España.