Casco para los menores en bicicleta y controles de drogas para peatones

Todos los menores de edad tendrán que llevar casco cuando monten en una bicicleta. En cualquier tipo de vía. Ese es uno de los principales cambios que presenta el anteproyecto de ley para modificar la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en el que el Ejecutivo ha optado por la opción menos belicosa con los ciclistas, que creían excesiva la intención del Ministerio de Interior de que todos fueran protegidos en todo momento; y de los ayuntamientos con servicios de bicis gratuitas, que consideraban que esta decisión iba a afectar a sus servicios de fomento de las dos ruedas.

Esta decisión final, no obstante, tampoco ha gustado a los colectivos de ciclistas, como ConBici, que consideran que este apartado del anteproyecto de ley «se desmarca de la tendencia mundial, que desaconseja dicha obligación y, además, podría promover el uso de la motocicleta entre los adolescentes». Por el contrario, el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, instó al Ejecutivo a que esta medida se aplique a los ciclistas de todas las edades.

El ministro del Interior reconoció que esta medida está provocando un «debate social» y destacó que no tendría ningún inconveniente en incorporar a la reforma legislativa las conclusiones que la Comisión de Seguridad Vial decida en otoño, cuando escuche las propuestas de asociaciones y expertos.

Dureza

En cuanto a los controles de alcohol y drogas, Jorge Fernández Díaz destacó después del Consejo de Ministros que se aplicará la tolerancia cero con las drogas, donde cambia su regulación: se va a diferencia de forma clara entre la sanción administrativa -que castiga la mera presencia de drogas en el organismo del conductor- y la penal -que tipifica la influencia de los estupefacientes en la conducción-. Asimismo, se determina que esta prueba se realizará mediante la saliva.

También se endurecen las penas económicas en estos casos. Las multas pasan de 500 a 1.000 euros y se mantiene la pérdida de puntos igual. Los límites se quedan en 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado para los conductores que no son noveles o profesionales. Esta misma multa se aplicará a cualquier otro usuario de la vía que esté involucrado en un accidente. Además, también se podrán hacer controles de alcoholemia o drogas a los peatones que infrinjan las normas de tráfico. La multa llegará a la cifra de 1.000 euros, una cantidad que supone «un giro recaudatorio», según el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo y RACE.

Por otra parte, el Gobierno también abre la puerta para que en la elaboración del Reglamento General de Circulación se pueda aumentar la velocidad máxima permitida a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovía y autopista. Otra de las novedades es la prohibición de los sistemas de detección de radares. Además, esta decisión se complementa con la pérdida de puntos para evitar saltarse los límites de velocidad. Una decisión, en este caso, que cuenta con el beneplácito de los clubes de automovilistas ya que había un vacío legal en este apartado.

El anteproyecto de ley también hace referencia a los sistemas de seguridad de los conductores y los ocupantes de los vehículos. Establece la posibilidad de prohibir a los menores que ocupen los asientos delanteros o traseros del vehículo dependiendo de su tallas, una medida que, recalcó el ministro, se deberá concertar en el futuro reglamento que Interior quiere que esté terminado para inicio de 2014. Aunque de momento la talla mínima está abierta, se baraja la opción de los 135 centímetros. El anteproyecto, en cambio, no menciona nada sobre si las sillitas de seguridad de los niños deben ir en sentido contrario de la marcha, como se barajó en la Dirección General de Tráfico.

Unas medidas destinadas, según Fernández Díaz, a reducir el número de finados en las carreteras. El ministro destacó que las personas fallecidas en accidentes ha disminuido un 19% en comparación con el año pasado.