El Poder Judicial suspende cuatro meses al juez del 'caso Blesa'

El cerco judicial sobre el juez del 'caso Blesa' -para algunos justificado por sus excesos profesionales, para otros fuera de lugar y sólo debido a presiones políticas- se sigue estrechando. Ayer, como se preveía, fue sancionado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le suspendió de empleo y sueldo durante cuatro meses, y le multó asimismo con 600 euros, por su comportamiento profesional irregular en otros procedimientos.

El órgano de gobierno de la judicatura consideró que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid es autor de dos faltas muy graves y otra grave. Esta última se refiere a una «desconsideración» hacia la fiscal asignada a su juzgado, a quien dio un trato «despreciativo y dictatorial» durante una guardia. En cuanto a las otras dos, de un lado, se le acusa de firmar hasta 73 sentencias condenatorias en juicios de faltas sin fundamentarlas y, de otro, se estima que reincidió en esta actitud de «desidia y pasividad» pese a los reproches continuados de la Audiencia Provincial.

Es el cuarto expediente que se abre a Silva -el instructor describía otras actuaciones suyas anómalas en su resolución-, si bien las sanciones impuestas en dos de ellos fueron anuladas por el Tribunal Supremo debido a la tardanza del CGPJ. Precisamente ante el alto tribunal ha presentado el colectivo Manos Limpias una querella contra el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, por presunta prevaricación administrativa y presiones al citado juez, así como de revelación de secretos continuada (por hablar de su situación disciplinaria). El propio sancionado interpuso semanas atrás otra denuncia por cuestiones similares, pero fue archivada.

La suerte final de este controvertido juez, sin embargo, dependerá de la querella presentada por la Fiscalía, que le acusa de hasta cuatro delitos concretos, dos continuados de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) y retardo malicioso en la administración de justicia, y otros dos de detención ilegal por encarcelar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.

El juez, encausado

El Ministerio Público sostiene que, lejos de obrar «conforme a Derecho», y «consciente» de que no podría obtener sus frutos, «impuso su propia voluntad sobre la interpretación racional de la ley». Y todo para, con argumentos «endebles» o que directamente «colisionaban con las normas aplicables», montar «una causa general» contra Blesa y Gerardo Díaz Ferrán -expresidente de la CEOE y acusado de beneficiarse de su condición de consejero de la caja para obtener créditos de forma irregular-, «como responsables de la crisis económica y financiera».

Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y sin entrar a valorar «la realidad de lo sucedido» porque eso habrá de depurarse durante la investigación posterior, «no es en un principio descartable que, al menos, como hipótesis» lógica y racional, el juez Silva pudiera haber incurrido supuestamente en alguno o varios de los delitos que le imputa la Fiscalía. Por ello, también ayer aceptó su querella y nombró un instructor que, en primer lugar, le interrogará.

Además, remite testimonio de su decisión al CGPJ, por si éste decidiera suspenderle de forma cautelar en sus funciones. No obstante, según fuentes judiciales, lo habitual sería esperar hasta ver si finalmente se confirman los indicios apuntados y se llega a abrir juicio oral contra él.