La esterilidad será el único criterio para acceder a la reproducción asistida

El Gobierno se desvió unos escasos centímetros de su plan inicial sobre la reproducción humana asistida. Ana Mato quería sacar adelante su borrador para poner ciertas barreras a este servicio público, como que la mujer que recibiera el tratamiento tuviera como mucho 40 años y tuviera una pareja estable masculina. Esta nueva lectura del real decreto de 2006 que regula esta actividad provocó las iras de los colectivos homosexuales por sentirse discriminados. Un enfado que ayer no se mitigó con la decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

En la reunión que cerraba el curso político, los consejeros y la ministra de Sanidad decidieron modificar unos conceptos del borrador. Ahora, el único requisito para poder ser atendido en uno de los 37 centros públicos es ser una mujer estéril o con una contraindicación médica. Se borra del texto preliminar el concepto de pareja. «Los únicos cambios que se han realizado es incluir los límites de edad (40 años para ellas y 55 para ellos) y el número de ciclos (tres)», aseguró la ministra de Sanidad después de la reunión. Además, insistió en que no se ha cambiado la letra del real decreto de 2006 que regula la reproducción humana asistida.

Empero, en estos retoques del texto legislativo no se realiza ninguna concesión a las lesbianas y a las mujeres solas, que tendrán que demostrar su esterilidad o contraindicación médica que les imposibilita tener descendencia, un hecho difícil de probar en ocasiones, ya que uno de los criterios para certificar la esterilidad es el no quedarse embarazada manteniendo relaciones sexuales con un hombre durante un año, algo que no realiza una lesbiana. Además, ocho de cada diez casos de esterilidad femenina se debe a tres causas principalmente: anovulación, cuando el óvulo no llega a ser expulsado por el ovario, ya sea por no haberse formado o por no alcanzar la madurez necesaria; endometriosis, que se produce cuando el tejido uterino se encuentra fuera del útero y, por último, cuando las trompas de Falopio se encuentran lesionadas o factor tubo-peritoneal.

Si las lesbianas no tienen alguno de estos síntomas, no serán admitidas por los servicios públicos sanitarios. O, en la mejor de las hipótesis, que las comunidades autónomas interpreten como quieran la «indicación clínicamente establecida» que recoge el real decreto. Así, por ejemplo, lo entiende el Gobierno vasco. «No se trata de un problema sanitario, sino ético», apuntó su consejero de Sanidad, Jon Darpón. «Cualquier mujer que tenga problemas médicos podrá tener un bebé. Todo se adoptará con criterios médicos», insistió Mato. «La falta de varón no es un problema médico», indicó la titular de Sanidad para rechazar cualquier modificación en estos términos.

Criterio que no comparte el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En una reciente sentencia, condenó al Ejecutivo regional a cumplir con el derecho de una lesbiana a que le sea facilitado el acceso a las técnicas de reproducción asistida y al reintegro de los 7.723 euros que esta mujer se gastó para tener un hijo en clínicas privadas.

Tribunales

El texto salido del Cisns no contentó ni a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ni a la Federación Estatala de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb). Este último colectivo anunció que acudirá a los tribunales si se mantiene solo este criterio. «Es una normativa que no atiende a la salud de las personas, sino a su derecho a tener descendencia biológica si existe una pareja varón, es una medida totalmente sexista, porque el derecho de una mujer no puede depender nunca del varón que tenga a su lado o no», explicó Boti García, presidenta de Felgtb.

Además de una «discriminación social», el colectivo homosexual considera que esta decisión del Ejecutivo va a provocar una discriminación económica», ya que va a abocar a muchas mujeres a que se replanteen su maternidad al tener que acudir a las clínicas privadas. En el mismo sentido se expresó la consejera andaluza de Sanidad. María Jesús Montero aseveró que el cambio en estos criterios puede suponer «la exclusión de las mujeres».

Además, recordando el fallo del alto tribunal asturiano, se mostró sorprendida por aprobar una medida que «los tribunales rechazarán en un breve periodo de tiempo» y que atenta contra un derecho «tan básico como la maternidad». La Fadsp también acudirá a los tribunales ante esta «grave discriminación» que solo se sustenta «en los criterios ideológicos del fundamentalismo religioso». Este colectivo también mostró su sorpresa por todas las trabas que se están poniendo por parte del Gobierno para las personas que quieran tener hijos.