La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, comparece ayer en la sede federal de su partido tras la intervención de Rajoy. :: R. C.
ESPAÑA

El PSOE pedirá la dimisión del presidente del Gobierno sean cuales sean sus explicaciones

La oposición se felicita por haber «arrastrado» al jefe del Ejecutivo al pleno y le reclama que no dé su «versión» sobre Bárcenas sino que diga «la verdad»

MADRID. Actualizado: Guardar
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Los socialistas ya tienen tomada su decisión. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba suba dentro de unos días a la tribuna del Congreso para dar la réplica a Mariano Rajoy le pedirá que abandone de inmediato la Presidencia del Gobierno por entender que el 'caso Bárcenas' le ha inhabilitado para continuar en el cargo. El líder de la oposición, que conoce de antemano la rotunda negativa que recibirá de su interlocutor, no reclamará un adelanto electoral sino que dimita para que otro miembro del grupo popular no atrapado por las revelaciones del extesorero sea investido como nuevo jefe del Ejecutivo.

El PSOE exigirá que «asuma sus responsabilidades y abandone la Presidencia del Gobierno», sean cuales sean las explicaciones que dé sobre la presunta financiación irregular del PP durante dos décadas o sobre el posible cobro regular de sobresueldos en negro por las diferentes cúpulas directivas del partido, según confirmó ayer la número dos del partido, Elena Valenciano.

La vicesecretaria general reconoció que ya van con la petición de dimisión en el bolsillo por la «falta de autonomía» de Rajoy al frente del Ejecutivo, por considerar que, termine como termine la instrucción de la Audiencia Nacional, España no puede tener un presidente que cada día está en manos y a la merced de lo que diga o desvele su extesorero.

Quien también saludará en el pleno a Rajoy con la reclamación de que asuma las máximas responsabilidades es el grupo de la Izquierda Plural, que incluso subirá un escalón por encima de los socialistas y exigirá, al igual que harán otros portavoces minoritarios, que dé por acabada la legislatura y convoque elecciones generales anticipadas. PSOE e IU reclamaron al presidente que no se limite, como dijo, a dar «su versión» sino que «diga la verdad».

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, prefirió no adelantar su postura en el pleno hasta escuchar lo que Rajoy tenga que decir sobre su implicación y la de su partido en la trama de financiación irregular desvelada por Luis Bárcenas, pero sí que anticipó «una severa censura».

Toda la oposición vivió ayer como una victoria ante la sólida mayoría absoluta del PP el hecho de que el jefe del Ejecutivo haya tenido que rectificar y aceptar comparecer ante el pleno para dar explicaciones por la presunta caja B del PP. «Rajoy viene tarde, mal y a rastras. Entre todos hemos forzado al presidente a cumplir con su obligación», señaló Valenciano, con tono de objetivo cumplido. «Más vale tarde que nunca, aunque venga del ronzal. Llega obligado por la presión popular y por la lamentable imagen internacional», añadió en un análisis similar el coordinador federal del IU, Cayo Lara.

El PSOE, como Lara, compartió el mérito de haber torcido el brazo de Rajoy con el resto de la oposición y con la presión ejercida por la opinión pública española e internacional, pero Valenciano quiso dejar claro el protagonismo de su partido. Aseguró que el movimiento decisivo para la rectificación presidencial fue el órdago lanzado por Rubalcaba con la moción de censura.

Vacuna parlamentaria

Los socialistas, de hecho, y a modo de vacuna para evitar que en el futuro se reproduzca una situación similar, registraron ayer en la Cámara baja una proposición de ley que pide modificar el reglamento del Congreso para que el presidente del Gobierno esté obligado a comparecer en el pleno si así lo solicita de forma unánime la oposición.

La reforma legal, que será la primera iniciativa que defiendan cuando se reanude en septiembre la actividad ordinaria de la cámara, busca que «nunca más se vuelva a repetir el actual bloqueo del Parlamento y su normal funcionamiento» porque el Ejecutivo cuente con mayoría absoluta. La modificación, que introduce un nuevo precepto en el artículo 203, prevé que cuando la comparecencia del presidente sea pedida por la oposición al completo será obligatorio que acuda al pleno del Congreso en un plazo máximo de diez días.