El Gobierno pide ayuda a las CC AA para localizar viviendas vacías

«Una vez más, pedimos su valiosa colaboración». De esta forma demandó la ministra de Fomento, Ana Pastor, la ayuda de las comunidades autónomas -con cuyos consejeros se reunió ayer en la sede de su departamento, dentro de la tercera conferencia sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo- para localizar cuántas viviendas de protección oficial (VPO) vacías haya en la actualidad en España.

El motivo es facilitar el acceso a la vivienda a las personas que aún no disponen de ella, «especialmente a las que están en riesgo de exclusión social», apostilló la ministra. Y dado que el Gobierno tiene claras competencias sobre la VPO, pretende hacer uso de ellas para reducir al mínimo la cifra de, al menos, 10.000 casas desocupadas de este tipo que existen en el país, según la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El primero objetivo de Pastor, según señaló a los consejeros autonómicos, es «tener un conocimiento exacto de la situación». Y es que hablamos de un parque español con 26 millones de viviendas, de las que solo el 17% se destina a alquiler y el resto figura en régimen de propiedad. Es, asimismo, un sector relativamente viejo, pues cerca de la mitad de las casas (15 millones) tienen más de 30 años de antigüedad, mientras que casi una cuarta parte (6 millones) supera el medio siglo.

Precisamente uno de los fines de ese nuevo registro general es evaluar tanto el estado de conservación como la calidad de las viviendas, de cara a estudiar la viabilidad de algún plan ex profeso para facilitar su rehabilitacuón, regeneración y renovación dentro de los núcleos urbanos. La idea que tienen en Fomento es unir esos trabajos a los que ya están en marcha para crear un censo de contratos de arrendamiento, tanto de VPO como de viviendas libres.

Los datos, a finales de año

Si se cumplen los plazos pretendidos por el Ministerio, para finales de año estarían listos ambos registros tras las nuevas reuniones que mantendrán al respecto el Gobierno central y los autonómicos.

Otro de los puntos en los que colaborarán las distintas administraciones es el procedimiento para facilitar la «necesaria» movilidad laboral, manteniendo para ello la ayuda al alquiler. Es decir, que por el hecho de tener que ir a trabajar a otra comunidad no tendría qué perderse esa subvención -manteniendo, eso sí, los mismos criterios económico-financieros- gracias a los acuerdos interterritoriales.

Al término de la conferencia, donde también se distribuyeron por territorios los 2.421 millones de euros del Plan Estatal de Fomento del Alquiler para el período 2013-2016, los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP -mayoría en la conferencia- abogaron por implementar medidas «realistas» y «no populistas» en materia de vivienda, en crítica al polémico decreto antidesahucios andaluz, paralizado por el Tribunal Constitucional. Para el consejero gallego, Agustín Hernández -que ejerció de portavoz del resto-, «lo que tienen que hacer los gobiernos es apostar por la certidumbre y huir de la demagogia».