El PP defiende que el presidente del Constitucional sea militante suyo

El PP defendió el derecho del presidente del Tribunal Constitucional a estar afiliado a su organización. La corte, asimismo, tiró de jurisprudencia para recordar que su ley orgánica «no impide que los magistrados puedan pertenecer a partidos». En el otro lado, la oposición en bloque exigió aclaraciones y dimisiones. El PSOE reclamó a Francisco Pérez de los Cobos que comparezca en el Congreso para explicar por qué ocultó su condición de militante del PP en el examen del Senado.

El presidente del Constitucional reunió ayer a los once magistrados en un pleno informal de poco más de una hora ante la información del diario 'El País', que reveló que De los Cobos era militante del PP cuandi fue elegido miembro de la corte. El presidente admitió, según fuentes jurídicas, que estuvo afiliado desde 2008 hasta 2011, año en que dejó de pagar las cuotas de 37,14 euros anuales. Sus palabras, según fuentes cercanas al tribunal, fueron seguidas con atención y apenas hubo comentarios a las mismas. Ningún magistrado pidió la dimisión, aseguraron las fuentes consultadas.

Tras la reunión, el Constitucional emitió una nota en la que lo primero que hizo es precisar que no forma parte del Poder Judicial, para el que sí rige la incompatibilidad entre el ejercicio profesional y la militancia política. Sentada esta premisa, defendió la compatibilidad de ser miembro de la corte y estar afiliado a un partido siempre que no se ejerzan cargos directivos, como reza en el artículo 19 de la ley orgánica del tribunal. Esa misma norma, además de detallar las incompatibilidades de los magistrados, señala que al margen de las situaciones reseñadas regirán «las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial». Y la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 395 que «no podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos», pero el Constitucional interpreta que su ley es «de aplicación prioritaria» sobre la del Poder Judicial.

De los Cobos, según consta en la contabilidad oficial del PP aportada al sumario de los papeles de Bárcenas, pagó la cuota correspondiente a 2011, cuando ya era magistrado del Constitucional, cargo para el que fue elegido por el Senado el 29 de diciembre de 2010. Es decir, simultaneó la magistratura con la militancia. El PP admite que esta situación se produjo, pero insistió en que las incompatibilidades de la judicatura no son aplicables al Constitucional. Fuentes de este partido recordaron por si acaso que Luis López Guerra fue vicepresidente del Constitucional entre 1992 y 1995, y era un connotado socialista, al punto de que en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, y también fue diputado en Madrid en las elecciones de 2003 dentro de la lista del PSOE.

Los socialistas, igual

El vicesecretario de Estudios de los populares, Esteban González Pons, subrayó que el de López Guerra no es un caso único porque ahora en el Constitucional «hay tres exaltos cargos» de gobiernos socialistas. Se refería a Juan Antonio Xiol Ríos, director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el primer Gobierno de Felipe González, y Fernando Valdés, que también fue director general del servicio jurídico del Estado con González.

Los socialistas eludieron el debate jurídico y buscaron la arena política para que De los Cobos acuda al Congreso a explicar por qué no reconoció que era militante del PP en el 'examen' del Senado en octubre de 2010 para avalar su candidatura al Constitucional. En aquella ocasión, expuso su trayectoria profesional sin citar su afiliación. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, señaló que De los Cobos debería haberse dado de baja al ser elegido magistrado, y aun en el supuesto de que fuera legal compatibilizar ambas circunstancias «no es ético ni moral». CiU se sumó a la petición de explicaciones y el PNV vio difícil que el presidente del Constitucional siga en su puesto si se confirma que simultaneó la magistratura con la militancia. UPyD consideró que sería «extremadamente grave» si se demostrara que compaginó ambas actividades. El resto de grupos, empezando por IU, pidió la dimisión de De los Cobos.