El Gobierno recurrirá ante la justicia europea por las ayudas a los astilleros

¿Diligente o apresurado? En esa duda se debatían ayer los principales actores del sector naval a la hora de valorar la inminente decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Para empresas y sindicatos, iniciar en estos momentos la vía de una demanda ante los tribunales podría ser «prematura» e incluso «contraproducente», pues antes ven necesario generar «un escenario de seguridad».

¿Y por qué ese temor? Pues, según sus argumentos, porque es el Ministerio de Hacienda el que debe estudiar caso por caso para resolver cuáles incumplieron la ley y, sobre todo, en qué cuantías se habrían de retornar las desgravaciones fiscales recibidas por aquellos inversores que respaldaron con su dinero las operaciones de los astilleros, un trabajo que estiman «prioritario» y que quieren que esté concluido este mes. Y, advierten, no es lo mismo intentar ser algo laxo en esos cálculos con un 'arbitro' -la Comisión Europea (CE)- al que te estás enfrentando en los tribunales que hacerlo con alguien con el que los cauces de diálogo pueden verse alterados.

No olvidemos que son el propio comisario de Competencia, Joaquín Almunia, y sus técnicos los que tendrán que dar el visto bueno a los cálculos que haga el departamento de Cristóbal Montoro. El otro elemento de peso para meditar bien la decisión de recurrir es, según los representantes de CC OO, UGT y CIG, que una demanda así «no es el método más oportuno» para dar a armadores e inversores la seguridad que necesitan de cara a emprender nuevos proyectos en el naval.

Y es que en los dos años que ha tardado la tramitación de este expediente se han perdido medio centenar de contratos valorados en 2.000 millones de euros, según denunció ayer el presidente de la patronal de astilleros privados (de pequeño y mediano tamaño), Prymar, Álvaro Platero. A su juicio, el «daño mediático» sufrido por grandes inversores, como Inditex e incluso multinacionales extranjeras como Ikea y Pemex -que va a revisar sus contratos con los astilleros-, ha sido «incluso mayor» que el beneficio fiscal obtenido. «No era un chollo para ellos -señaló-, y nos costaba Dios y ayuda que invirtieran».

«Generar confianza»

Por ello, aparte de que el Gobierno aplique la decisión de Bruselas «de la forma menos dramática y más sensata posible», coincidió con sindicatos y armadores en que se debería «generar un escenario de confianza» que permita desarrollar el nuevo sistema de 'tax lease (desgravaciones fiscales)' vigente desde hace meses, a fin de desbloquear los 40 contratos de construcción de barcos que se están negociando actualmente. Según la patronal de los navieros (ANAVE), de los 200 barcos construidos entre 2007 y 2011 (y afectados por la resolución), dos tercios fueron contratados por compañías extranjeras que, además de «revertir» sus perjuicios económicos sobre los astilleros, «se pensarán ir a otros países -sobre todo, Corea del Sur, que ha incrementado un 60% sus pedidos de barcos en el primer semestre- si las condiciones de contratación no quedan claras en España».

Con el fin de «reactivar» el sector naval, unos y otros emplazaron al ministro de Industria, José Manuel Soria, a «no dejar caer» el frente común que se ha formado. En él se incluyen los gobernantes de las comunidades más afectadas -Asturias, Galicia y País Vasco-, quienes respaldan su decisión de someter hoy al Consejo de Ministros un informe favorable a la presentación de un recurso ante la justicia europea que, como primera medida, pedirá la paralización cautelar de la devolución de las ayudas, una solicitud a la que no suele ser proclive el tribunal.

Uno de sus principales argumentos, ya desestimado días atrás por Almunia, es que en una carta firmada en 2009 por la entonces comisaria de Competencia, Neely Kroes, no se ponían reparos al sistema de 'tax lease' ahora tachado de ilegal. Y en base a ese principio jurídico de «confianza legítima», la Abogacía del Estado elaboraría su demanda. No obstante, empresas y sindicatos insisten en que quieren ser consultados antes.