Jaque de Bruselas al sector naval

La Comisión de la Competencia de la Unión Europa obliga, finalmente, al sector naval español a devolver las bonificaciones fiscales que recibió entre 2007 y 2011. La decisión, aunque se ha suavizado con respecto a la primera propuesta, pone en serio peligro la viabilidad del sector. El importe del dinero a devolver supera los 2.800 millones de euros y están en juego más 80.000 puestos e trabajo. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, hizo sonar a primeros de julio todas las alarmas en los 19 astilleros privados de España. Almunia anunció que la Comisión Europea había decidido que el sector naval devolviera a la Hacienda española unos 2.800 millones de euros desgravados entre los años 2005 y 2011 mediante un sofisticado sistema de bonificaciones fiscales a la construcción de buques, considerado por Bruselas como una ayuda pública encubierta contraria a las leyes de la competencia. El comisario español trató entonces de restar dramatismo al anuncio matizando que la devolución no correrá a cargo de los astilleros sino de los inversores que financiaron la fabricación de buques civiles, pero la simple acción de Bruselas suponía un ataque a los intereses españoles. La Unión Europea dio ayer su veredicto y obliga a devolver las bonificaciones, aunque exime de ello tanto a los armadores como a los astilleros. Serán los inversores, es decir, bancos en su mayoría, quienes tendrán que reembolsar las bonificaciones que recibieron por invertir en la construcción naval civil. La decisión de Bruselas, aunque no toca a los astilleros, afecta directamente a la actividad al pedir cuenta a los inversores.