Las acusaciones piden que Rajoy aclare ante el juez si cobró en negro

Las acusaciones populares de los papeles de Bárcenas ponen en su punto de mira a Mariano Rajoy. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Manos Limpias reclamaron ayer al juez Pablo Ruz que llame al presidente del Gobierno a declarar como testigo, a fin de que «confirme o no» si, como aseguró el pasado lunes en sede judicial el extesorero, el jefe del Ejecutivo cobró dinero negro de mano del propio Luis Bárcenas mientras era ministro del Gobierno de Aznar y también después.

Los denunciantes, además, reclaman el interrogatorio como testigos de otros altos cargos, militantes y exresponsables del partido, cuyos nombres citó el extesorero como presuntos beneficiarios de esas entregas de dinero de la caja B o cuyas identidades aparecen en los asientos contables que Bárcenas ya ha reconocido como suyos. Las peticiones de interrogatorio que llegaron ayer a la mesa de Ruz, además de la de Rajoy, son las de María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos, Federico Trillo, Ángel Ácebes, Pedro Arriola, Miguel Ángel Rodríguez, José María Robles Fraga, José Miguel Ortí Bordás, Teófila Martinez, Ángel Piñeiro y Jaume Matas. Pidieron asimismo el interrogatorio del periodista José Antonio Sánchez.

Para Adade, cuya denuncia, junto a la de IU, dio lugar a la apertura de esta pieza separada del 'caso Gürtel', es indispensable que Rajoy aclare si es cierto que cobró, como aseguró Bárcenas, un total de 50.000 euros de dinero B en dos entregas en 2009 y 2010. Según los papeles de Bárcenas, el presidente del Gobierno habría recibido casi 350.000 euros de esa supuesta caja paralela del partido en diferentes años desde 1997 a 2008 y fue ministro entre el primero de esos años y 2003.

«Somos conscientes de la trascendencia en todos los ámbitos de la decisión que pedimos al Instructor -explica la acusación popular- pero creemos que no se puede mirar para otro lado». «Si el autor de esos apuntes contables ha reconocido su autenticidad, y ha admitido en su declaración del pasado 15 de julio que cuando figuraba en sus apuntes las abreviaturas 'M.R', 'M Rajoy' y 'Mariano R', se referían a Mariano Rajoy como perceptor de importantes cantidades en metálico, resulta obligado que se le convoque a presencia judicial para confirmar o no tales extremos», señala Adade, que recuerda que Ruz por idéntico motivo interrogó a Pío García Escudero.

«Innegable vuelco»

Según la acusación, «no basta pues dar por cierto lo que ha declarado Luis Bárcenas», ya que sus acusaciones contra Rajoy son «solo un indicio de momento». «Es necesario que si una persona tan relevante como el presidente del Gobierno resulta involucrada en la percepción de cantidades periódicas en dinero B y en metálico, declare a presencia judicial a efectos de corroborar o no la expresada afirmación del imputado», insiste el colectivo de abogados, que recuerda al juez que el hecho de que Bárcenas haya reconocido como suya la contabilidad «ha dado un innegable vuelco a la instrucción».

Manos Limpias, en su escrito, «quiere dejar bien claro» que con el interrogatorio de los dirigentes populares no pretende «propiciar ni promover una causa penal contra el PP», sino impulsar una «regeneración democrática» intentando que «comportamientos presuntamente delictivos no queden impunes».

Los dos denunciantes hacen hincapié en la citación como testigo en esta pieza de Cospedal. En particular, Adade recuerda que las acusaciones de Bárcenas contra la secretaria general del PP, como las de Rajoy, son muy recientes por lo si hay delito no estaría prescrito.

Las nuevas peticiones de declaración de Cospedal para que confirme o desmienta si, como asegura el extesorero aceptó dos sobre con 45.000 euros, se une a la que ya realizó la Fiscalía, aunque por razones diferentes. Anticorrupción apoyó la semana pasada la petición de la acusación de que declare la secretaria general del PP para «explicar el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas» en su partido.

Hasta ahora, y así lo dejó claro el 2 de julio el juez, su intención era investigar solo la «presunta llevanza de una contabilidad B u oculta en el PP» para saber si la formación cumplió con sus obligaciones fiscales en 2007 y 2008. Si Ruz admitiera las nuevas peticiones de citación de los dirigentes populares, no ya para investigar la existencia de una contabilidad B sino los supuestos sobresueldos en negro, «el objeto de la investigación se vería muy ampliado», explicaron fuentes judiciales.