La resolución de la UE sobre el 'tax lease' abre la puerta a la salvación de los astilleros

La Comisión Europea (CE) dictaminó ayer que el régimen de ayudas aplicado a la construcción naval en España entre los años 2001 y 2011, conocido como 'tax lease', era «ilegal» porque distorsionaba el mercado y colocaba a los astilleros españoles en una posición de ventaja artificial frente a sus competidores del resto de la Unión. La decisión ha abierto sin embargo un buen número de interrogantes sobre sus consecuencias reales, hasta el punto de que en la propia patronal del sector, Pymar, ven ahora algún pequeño atisbo de «esperanza» frente a la «sentencia a muerte» del sector que vaticinaban hace pocos días. «No vamos a tirar la toalla», afirmaba su presidente, Álvaro Platero.

Siempre quedara en cualquier caso la vía legal -el ministro de Industria, José Manuel Soria, no descarta recurrir la decisión como Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE, aparte de otras iniciativas jurídicas que pudieran emprender las empresas afectadas-. «Hay que esperar a analizar la letra pequeña de la resolución -señalaba ayer uno de los abogados implicados en el proceso-, porque una interpretación benévola puede rebajar de forma considerable la cuantía de las ayudas que hay que devolver».

Si hace tan solo 15 días se valoraba en 2.800 millones de euros la cuantía de las ayudas que tienen que ser reintegradas a la Administración española y hace una semana se rebaja esta cifra en 1.000 millones -al reducirse en dos el número de años sometidos a sanción-, algunas estimaciones no oficiales apuntaban ayer a que la cifra final puede quedar reducida a 400 millones.

La Comisión ha ordenado que sean reintegradas a la Hacienda española las ayudas obtenidas entre los años 2007 y 2011 por las empresas y financiadores que actuaron como intermediarios en los contratos. No obstante, de la resolución se desprende que una parte pueden considerarse «legales» y también genera dudas sobre cuáles resultarían «ilegales». De hecho, estima que esa «transferencia» a las compañías navieras «ha contribuido, en cierta medida, a la realización de los objetivos de interés común perseguidos por las directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo».

Una parte quedarían fuera

De ahí que algunos analistas estimen que buena parte de las ayudas, como las que se transformaron en una rebaja del precio de los buques, pueden quedar fuera de la exigencia de Bruselas. De ser así, tan solo tendrían que ser reintegradas las cantidades netas que los inversores -Inditex, Repsol, Ikea y varias decenas de pequeñas y medianas empresas- pudieron aplicarse entonces para reducir sus impuestos.

La UE no tiene las cifras concretas. De ahí que todo el procedimiento queda ahora en manos de Hacienda, que habrá de interpretar la resolución de Bruselas y revisar las declaraciones del Impuesto de Sociedades de todas las empresas afectadas. Ese proceso, amén de ser validado luego por la Comisión, deberá ejecutarse de forma ineludible en unos pocos meses, pues los recursos judiciales no lo interrumpen. En los procedimientos de la UE, primero se paga y luego se protesta.

Según la Comisión, «los beneficiarios no pueden trasladar su obligación a terceros». Con ello quiere cortar el paso a las posibles reclamaciones de aquellos intermediarios contra los astilleros, pese a que en los contratos se les declaraba responsables de cualquier incidencia tributaria. Sea como fuere, los afectados sí les demandarán ante los tribunales españoles por incumplimiento de aquellos acuerdos.