El PSOE presentará una moción de censura si Rajoy persiste en su negativa de ir al Congreso

Alfredo Pérez Rubalcaba decidió ayer dar el paso al frente que desde hace días reclamaban muchos de sus correligionarios y varios grupos de la oposición. Si la mayoría absoluta del PP vuelve a vetar el 24 de julio, cuando se reúna por última vez antes de las vacaciones la Diputación Permanente del Congreso, la comparecencia en el pleno de Mariano Rajoy para explicar la supuesta financiación irregular del PP y su posible connivencia con Luis Bárcenas, el PSOE presentará una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Los populares, que defienden que su líder ya ha dado explicaciones «suficientes» para rebatir las acusaciones del extesorero, no se plantean cambiar de opinión.

Rubalcaba, que cosechó con el anuncio una larga ovación de los diputados y senadores socialistas, dijo ser consciente de que con su decisión bordea «los límites del reglamento» de la Cámara baja porque sabe que no puede ganar la moción pensada para derrocar gobiernos, pero además ni siquiera le preocupa el resultado. Lo hará, dijo, porque es el único camino frente al «bloqueo» al que, a su juicio, el PP ha sometido al Congreso y porque es la única forma de evitar que el 'rodillo' de 186 diputados populares impida al jefe del Ejecutivo responder del 'caso Bárcenas' en el pleno antes de septiembre, pese a la exigencia en contrario de toda la oposición.

Rubalcaba reconoció que, a diferencia de las dos ocasiones previas en que se usó este mecanismo -en 1980 por Felipe González y en 1987 por el aliancista Antonio Hernández Mancha- ni pretende reivindicarse como sustituto de Rajoy ni lanzar un programa de gobierno alternativo, solo busca obligar al presidente de Ejecutivo a explicarse en el Congreso. Para ello quiere utilizar la «fuerza política y moral» de la oposición para exigirle «que haga un servicio a España y dimita» porque «está inhabilitado» por las palabras y documentos que su extesorero dejó en la Audiencia Nacional.

El líder del PSOE explicó su decisión en términos de higiene democrática, por «convicción» y porque «es nuestro deber», y aseguró que lo hace para evitar que Rajoy, con «su huida» del Parlamento, «se lleve la dignidad del Congreso y de la soberanía popular».

Sin apoyos previos

El anuncio de Rubalcaba fue inmediatamente aplaudido por algunos de los grupos opositores, que no veían otra salida para forzar la comparecencia de Rajoy, como UPyD, Esquerra Republicana o Coalición Canaria, pero ni siquiera sus portavoces aseguraron al líder socialista que le vayan a acompañar con su firma en el registro de la moción o que contará con su apoyo en la votación con que concluirá el debate, ganada de antemano por el PP.

La razón es que en España las mociones de censura son constructivas, es decir, los 35 diputados o más que como mínimo la promueven tienen que presentar un candidato y programa alternativo, que será quien se convierta en presidente del Ejecutivo en caso de victoria.

Estos tres partidos opositores, al igual que IU, no van a comprometer apoyo alguno a la moción que a partir del 24 de julio registraría el PSOE hasta ver su contenido y objetivos. IU y otros grupos podrían respaldarla si el programa del candidato se limita a reclamar la dimisión de todo el Gobierno por su «contaminación» con el 'caso Bárcenas' y la celebración inmediata de elecciones generales.

El PP aseguró que le preocupa poco si el PSOE presenta o no una moción de censura y advirtió a Rubalcaba de que el grupo mayoritario se ceñirá al sentido estricto de este mecanismo parlamentario y se dedicará a examinar al candidato y su programa alternativo. Los populares obviaron las demandas del resto de la oposición y aseguraron que Rubalcaba con la moción solo intenta desgastar a Rajoy y huir de los problemas internos en su partido.

Lo cierto es que solo el PP decidirá al final si, con moción o sin ella, el presidente del Gobierno acude este verano al pleno para hablar de Bárcenas. La razón es que el reglamento del Congreso no fija plazos para debatir una moción de censura, que quedará en manos del calendario que determine la Mesa de la cámara y la Diputación Permanente, ambas con mayoría popular que podría retrasar la discusión a septiembre. Tanto julio como agosto son períodos inhábiles en la Cámara baja según la ley, y la convocatoria en estos meses de un pleno extraordinario, como el que haría falta, es potestad de la mayoría absoluta. De hecho, el propio presidente del Congreso, el popular Jesús Posada, evitó ayer mojarse con una fecha.