El juez acusa a Convergència de cobrar 5,1 millones en comisiones

El caso Palau de la Música, uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Cataluña, está listo para ir a juicio. Cuatro años de investigaciones, declaraciones y pesquisas se condensaron ayer en un auto judicial de 47 folios que pone fin a la instrucción. De la investigación se extraen dos conclusiones: Convergencia Democrática de Catalunya, el partido de Artur Mas, se lucró presuntamente mediante el Palau y Fèlix Millet lideró un desfalco próximo a los 18 millones.

La primera derivada, en la que coinciden tanto el juez como el fiscal y la Agencia Tributaria, sostiene que hay indicios claros de que la formación dirigida por Mas se financió de manera irregular con las donaciones que la constructora Ferrovial le entregó a través del Palau de la Música. Según el juez Josep Maria Pijuan, que se hizo cargo del caso en 2011 en sustitución de Juli Solaz, que fue apartado por su lentitud, el expresidente del Palau, Félix Millet, saqueador confeso de la entidad cultural, «vehiculó un flujo de fondos» de la constructora a la formación política como «pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern» a través de las tres entidades que componen el Palau. CDC, que tiene su sede central embargada por el caso como aval de una fianza de más de tres millones, habría recibido 5,1 millones, millón y medio menos de lo que estima el fiscal del caso.

El juez cree que Millet, Ferrovial y Convergència constituyeron un «acuerdo», el fiscal lo califica de «pacto criminal», según el cual la empresa abonaba por regla general una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada. De este porcentaje un 2,5% iba a parar a CDC y el resto se lo quedaban Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Las 'mordidas' en las obras para la línea 9 del metro de Barcelona, de la Ciudad de la Justicia y de un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat se dieron a través de tres procedimientos: mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, a través de facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron a ello y con convenios de colaboración suscritos por el Palau con la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.

En virtud del acuerdo, prolongado de 1999 a 2009, el juez mantiene la imputación de Millet, Montull, los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga y los convergentes Jaume Camps y el extesorero Daniel Osàcar.

Se declaran inocentes

Tanto Ferrovial, como CDC negaron ayer los hechos. La constructora afirmó que nunca ha llegado a acuerdos con personas o autoridades para que le fueran adjudicadas obras, mientras que la formación apuntó que los indicios que señala el juez no tienen base sólida y que Convergència nunca se ha lucrado del Palau. Mas, como presidente de CDC y de la Generalitat, comparecerá el 31 de julio en el Parlamento autonómico para explicar, entre otras cosas, la acusación del juez que considera a Convergència «culpable subsidiaria» del expolio. Por su parte, el Gobierno catalán subraya el hecho de que el Palau, como acusación particular, ha renunciado a pedir responsabilidades penales a CDC.

La segunda conclusión del auto judicial apunta a los anteriores responsables del Palau, Millet, Montull, Gemma Montull y Rosa Garitano, que, según el juez instructor, se dedicaron a expoliar la institución en beneficio propio. El magistrado estima que habrían desaparecido 18 millones de euros, siete de los cuales acabaron en manos de Millet, más de uno se lo llevó Montull y nueve están en paradero desconocido. «Aprovechándose de la situación de poder absoluto» que le otorgaban sus distintos cargos en las tres entidades que conforman el Palau, contando con la estrecha colaboración de Montull, su hija Gemma y Rosa Garicano, Millet se dedicó a perpetrar un «verdadero expolio».

Hasta la fecha, el expresidente del Palau solo ha permanecido 15 días en prisión por una derivada del sumario, el caso del hotel próximo del Palau, que se investiga en paralelo. El magistrado mantiene imputadas a 17 personas y reclama al Banco de España que tome nota de la poca colaboración que ha recibido en el esclarecimiento de los hechos por parte de Bankia y Catalunya Banc.