Luz sobre un escándalo mayúsculo

Más de 20 millones de euros volatilizados -millones que estaban destinados a la reindustrialización de la provincia más castigada por el paro de toda España-; más de una treintena de personas imputadas, todas ellas del PSOE o muy cercanas a los responsables socialistas de la época en la que se cometió el fraude; todo un entramado de empresas falsas creado para obtener dinero público y desviarlo a paraísos fiscales... Respetando siempre la presunción de inocencia de los imputados, el fraude del Plan Bahía es de tales dimensiones, de tal calado, que es necesario, fundamental, que sea esclarecido a la mayor rapidez y que el peso de la ley caiga sobre todos y cada uno de los implicados cuya culpabilidad quede demostrada.

Hoy debe empezar a arrojarse un poco más de luz, ya que a las diez de la mañana comienzan a declarar los primeros implicados ante la jueza Lourdes del Río. La verdad debe prevalecer y, lo que es tan importante o más, el dinero debe aparecer para que sea destinado a lo que iba a serlo en sus orígenes: la lucha contra el desempleo en la provincia de Cádiz.

Y es que además, este escándalo mancha aún más la imagen de la provincia, bastante dañada ya por los conflictos laborales o por los continuos enfrentamientos políticos. La dirección del PSOE provincial, con Irene García a la cabeza, debe entonar el 'mea culpa' y reconocer que, durante su larga etapa de mandato en la Diputación Provincial la gestión del empleo fue negligente y, como todo parece indicar, fraudulenta. No cabe en los parámetros de la lógica el pensar que los entonces altos dirigentes provinciales -el presidente era González Cabaña- no estuviesen al tanto de una escándalo de tales dimensiones, aunque éste último trate ahora de desviar la atención cargando contra la Policía.