Ruiz considera «ilegal» la petición de IP sobre el IBI
El concejal de Vivienda aboga por bonificar el pago del impuesto, pero recuerda que la ley exige que el tributo lo asuman los inquilinos
Actualizado: GuardarLa petición recogida en la moción que Independientes Portuenses llevará a Pleno para pedir que la empresa municipal de vivienda Suvipuerto asuma el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los inmuebles de su propiedad «es ilegal». Eso es lo que afirma Antonio Jesús Ruiz (PA), concejal de Vivienda y vicepresidente de Suvipuerto, que basa su observación en un dictamen del Consejo Consultivo Andaluz de abril de 2012, en el que se dice textualmente que «es un mandato legal contenido en el artículo 63.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales el que dispone que las administraciones públicas repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda y obliga a los arrendatarios a soportar tal repercusión», a pesar de que no esté reflejado en el contrato entre las partes.
«Nosotros cumplimos con la ley», subraya Ruiz para defender que el Ayuntamiento no es el que ha decidido en primera instancia que sean los inquilinos quienes paguen el tributo, sino que se toma como referencia lo que hace la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
No obstante, «y dentro de que tenemos que cumplir con lo que establece la ley, queremos amortiguar el pago que corresponde a los inquilinos de la viviendas de Suvipuerto, por eso hemos planteado la bonificación al 95%, así sólo tendrían que afrontar el 5% », dice.
El edil andalucista recuerda que esta misma medida ya se ha aprobado en otros ayuntamientos. El Consistorio de Punta Umbría (Huelva) es un ejemplo.
El edil de Vivienda destaca que su grupo había pedido informes técnicos al Ayuntamiento portuense y señala que «no los tuvimos hasta el día antes del Pleno -en alusión al ordinario de julio-, y al no tenerlo claro, apoyamos la propuesta de IU para que se estudiara técnicamente la viabilidad de la medida».
La moción de IU fue respaldada por el PA y el PSOE, pero fue tumbada con el voto en contra de PP y la abstención de IP, que alegaron la existencia de un informe técnico desfavorable.