La Junta estalla contra Alaya

Las relaciones en términos jurídicos entre la Junta de Andalucía y la jueza Mercedes Alaya han sido siempre tirantes en el caso de los ERE fraudulentos. Pese a que Alaya aceptó la personación de la administración andaluza como acusación particular en el proceso, la magistrada ha puesto numerosas veces en el punto de mira a la Junta y ha cuestionado otras muchas su cooperación con la instrucción desde el primero de sus 42 autos, fechado en marzo de 2011. Solo uno de estos autos había recurrido la Junta hasta ahora, el que hacía referencia a la petición de todas las actas de los consejos de Gobierno de la etapa investigada, desde 2001 a 2010.

En el recurso de apelación presentado esta semana ante la Audiencia Provincial de Sevilla por los servicios jurídicos contra el auto del 28 de junio que imputa a 20 cargos y excargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, antecesora de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta da un salto tan «cualitativo» como califica la jueza el suyo y acusa a esta de «subvertir el estado democrático», «perturbar el estado autonómico» y de un «ataque frontal contra el estado de Derecho», básicamente por cuestionar la legalidad de las leyes de Presupuestos e imputar sin especificar los delitos a la veintena de cargos autonómicos, todos socialistas salvo dos altos funcionarios.

Alaya, en su auto fechado el 28 de junio, argumenta que todos los cargos imputados (entre ellos cuatro exviceconsejeros) tuvieron conocimiento del uso «indebido» del procedimiento de transferencia de financiación incluido en las leyes de Presupuestos para el pago de las ayudas sociolaborales (prejubilaciones y subvenciones a empresas). La jueza les atribuye inacción ante un sistema de reparto de ayudas que considera ilegal y opaco y que contribuyó al «dispendio» del dinero público.

La jueza insiste en que las sucesivas leyes de presupuestos utilizaron de forma «inadecuada» la transferencia de financiación en lugar de la subvención extraordinaria, que hubiera permitido mayores controles. Alaya retoma la investigación que dejó antes de caer enferma en otoño, cuando sus sucesores instaron a la Guardia Civil a investigar la pista del dinero, que culminó con la detención la pasada primavera del mediador Juan Lanzas y varios directivos de las mediadoras, quienes según la investigación desviaron más de 50 millones de euros en sobrecomisiones.

De hecho el auto del día 28 se basa en los interrogatorios que la Guardia Civil hizo a 14 funcionarios de la Junta el verano pasado y en el informe de la Cámara de Cuentas también de esa fecha.

Lo más potente del escrito de la Junta es que cuestiona que Alaya sea competente para poner en entredicho que una ley es ilegal, salvo que lo diga el Tribunal Constitucional. «La instructora puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad si considera que la ley de Presupuestos es inconstitucional. Pero lo que no puede considerar que la misma es delictiva, dinamitando así el sistema de fuentes establecido en forma tal que la cúspide del sistema ya no se encontraría en la Constitución, sino en la propia apreciación personal de cada juez instructor, que por encima del poder legislativo decidirá si la norma es o no adecuada».

Por todo ello, la Junta sostiene que Alaya utiliza «un camino harto peligroso para el sistema democrático». Dice que imputar a aquellos que en el ejercicio de sus competencias elaboran las leyes de Presupuestos o sus modificaciones, así como a los que cumplen y ejecutan la norma, «supone un ataque frontal al estado de Derecho» y « subvierte el estado democrático».

El siguiente paso

La Junta sugiere que por el camino que va, el siguiente paso de Alaya es imputar «a todos aquellos que aprobaron las leyes de Presupuestos», admitiendo la temida imputación del presidente José Antonio Griñán, exconsejero de Hacienda. Pero aún vaticina « un paso más, a todos aquellos que no votaron en contra, o lo que es lo mismo, todos los parlamentarios, pues no se comprende que sea susceptible de imputación quien elabora un anteproyecto y no quien lo aprueba».

Insiste: «El incidiario dispendio de fondos públicos no tiene su origen en la ley de Presupuestos», porque ello equivaldría a afirmar que ese dispendio es fruto de «la labor concertada» de todos los responsables públicos de los últimos 14 años que han integrado el poder legislativo de la Comunidad autónoma.

En el recurso, la Junta se extiende en fundamentar la legalidad del procedimiento de la transferencia de financiación y da una explicación al uso del mismo: Dice que este no sirvió para la concesión de las ayudas tal como sostiene la jueza, sino como instrumento de pago que utiliza la Consejería de Empleo (la que concede las ayudas) a través del IFA/IDEA y atribuye el dispendio de dinero a un mal uso del mismo. La Junta siempre ha situado las responsabilidades políticas del fraude en el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, aunque en el recurso no cierra la puerta a otros posibles responsables de Empleo.

«Las subvenciones se habrían concedido igualmente sea cual sea el procedimiento de gasto previsto en la ley de Presupuestos, y en ningún caso hubiera eximido al órgano competente de conceder la subvención, al director general de Trabajo, el deber de cumplir con la ley de subvenciones en cuanto a la formación del expediente de concesión administrativo, el control del destino de las subvenciones y la justificación requeridas a los beneficiarios», dice.

También advierte el recurso de la posible nulidad de las actuaciones de la magistrada al no concretar los delitos de que acusa a los imputados y la falta de motivación, lo que podrían vulnerarse sus derechos fundamentales y de esta forma estos pedir que se anule el proceso. «La indefensión que provoca la resolución judicial es absoluta, pues no permite ni siquiera adivinar cuáles son los indicios incriminatorios».

Revocación del auto

Hay un objetivo político que no se cita en el texto, pero que trasciende del mismo: Acordonar al presidente José Antonio Griñán y a otros miembros de los gobiernos socialistas de la última década empitonados por Alaya tras su «salto cualitativo» en la investigación. En el recurso, la Junta pide la revocación de las imputaciones de los 20 cargos y la anulación de la cita para declarar del exinterventor Manuel Gómez, prevista para el próximo día 25. Gómez llegó a decir en unas declaraciones que Griñán «cebó sin límites la corrupta partida de los ERE» sin hacer caso de los 15 informes de advertencia. Griñán siempre dijo que nunca recibió dichos informes. La viceconsejera de Hacienda, entonces su viceconsejera, confesó que sí los había conocido.

La pugna que mantuvieron Junta y Alaya sobre las actas de los consejos de Gobierno también se argumentó en un conflicto de competencias y terminó en tabla rasa. El Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla, que intervinieron en el conflicto, resolvieron una solución salomónica: Alaya podría acceder a todas las actas tal como había solicitado, pero no a las deliberaciones consideradas secretas como también pretendía. Está por ver cómo terminará este.

El PP ha solicitado a la jueza que la Junta de Andalucía deje de ser parte personada como acusación. El líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dijo ayer en Huelva que el recurso supone el «testamento político» del presidente de la Junta, según informa Europa Press. Zoido pide a la Junta que retire el recurso y criticó que Griñán hable de «ataque a la democracia y al estado de derecho» en lugar de «corregir la corrupción generalizada en su Gobierno», lo que evidencia que el presidente de la Junta está «cercado» por la justicia.