Otro alivio para los proveedores

El cierre de empresas por los impagos de las administraciones públicas ha sido una constante desde que estalló la crisis en 2008. Las asfixia económica impedía su supervivencia. La pescadilla que se muerde la cola. No podían hacer frente a su pagos habituales porque la Administración no les pagaba. Los negocios de construcción, encargados de servir a a los ayuntamientos y a las diputaciones, fueron los primeros en caer en la trampa mortal. Más tarde les tocó el turno a las empresas de mantenimiento, comedores y a las relacionadas con la formación laboral y la Ley de Dependencia. La solución a este colapso financiero la aportó el Gobierno de la Nación en 2012 con un ambicioso plan de pago a proveedores. El Ejecutivo puso encima de la mesa dinero fresco a disposición de las administraciones públicas para que saldaran sus deudas con los proveedores. Esta medida salvó el año pasado del cierre a un millar de empresas gaditanas. Los consistorios, sobre todo los grandes, limpiaron de facturas sus arcas y permitieron con ello un respiro a los autónomos. Esta medida permitió a la Administración suscribir un crédito ICO para abonar sus deudas. Ahora, cuando se está a punto de liquidar la segunda fase del plan de pagos, el Gobierno acaba de anunciar una tercera edición, cuyo plazo se abrirá el próximo 19 de julio. Se trata de medidas que han servido, sobre todo, para estimular la economía y dar confianza a un sector que sabe que sus facturas serán abonadas en un plazo máximo de 30 días. Varios ayuntamientos de la provincia ya han anunciado su intención de adherirse a esta tercera etapa como son Chiclana, Arcos y Villamartín. El Gobierno de la Nación estima que pondrán circulación en esta última fase 19.350 millones de euros y descarta que la medida suponga un incremento del déficit público.