Un informe de la Abogacía niega el exceso de litigiosidad

En España no existe exceso de litigiosidad pese a lo mantenido por el Ministerio de Justicia para justificar, entre otras medidas, la subida de las tasas judiciales con el fin de disuadir a los ciudadanos de acudir a los tribunales sin causa suficiente. Así lo señala el Consejo General de la Abogacía, según el cual las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial sobre los asuntos tramitados se encuentran, cuando menos y «desde un punto de vista benevolente», infladas.

De acuerdo con el informe hecho público ayer y elaborado por un equipo dirigido por el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid Gilberto Pérez del Blanco, el número real de procesos tramitados en 2011 apenas alcanza un 20% de los contabilizados por el Poder Judicial para ese mismo ejercicio. El máximo órgano de los jueces refleja en sus estadísticas nueve millones de asuntos ingresados mientras que, según la Abogacía, los procesos tramitados fueron solo 1,8 millones.

Esta brecha se debe, refleja el informe, a que el órgano de gobierno de los jueces «se limita a realizar una serie de consideraciones superficiales de las que no se pueden extraer situaciones realistas sobre el estado de la Administración de Justicia». En concreto se resalta que en la memoria del Poder Judicial se asumen como procedimientos judiciales asuntos que no requieren la intervención de un juez e, igualmente, «está plagada» duplicidades, que llevan a computar «dos o más veces» determinados procedimientos, como los traslados a otros juzgados, medidas cautelares, procedimientos que se archivan o apelaciones a tribunales superiores.

El doble que en Francia

«Los datos del Poder Judicial reflejan que en 2011 se ingresaron más de nueve millones de asuntos en los juzgados, lo que quiere decir que casi uno de cada cinco españoles acudió a la Justicia cuando esa media en Francia apenas llega a los dos ciudadanos pese a que el país tiene casi 20 millones de habitantes más», explicó Pérez del Blanco.

Este tipo de contradicciones llevaron a encargar el informe que ahora rebaja de forma sustancial los datos del Poder Judicial, apuntó el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, quien, en cualquier caso, resaltó que la intención de la institución que dirige no es la de «zaherir o criticar» a la judicatura. En esta línea eludió pronunciarse sobre si el exagerado baile de cifras entre uno y otro informe puede deberse a un error estadístico o bien a un supuesto interés por maquillar los números.

El tono amistoso con el que Carnicer se refirió al Poder Judicial desapareció en cambio cuando le tocó referirse al Ministerio de Justicia. «Han usado el supuesto exceso de litigiosidad para justificar la necesidad de los recortes y de medidas impositivas como la ley de tasas. Ahora se demuestra que este exceso es real por lo que nadie puede usarlo ya para defender sus acciones», dijo.

En cualquier caso, el presidente de los abogados mostró su esperanza de que, en virtud de los datos aportados, todos los estamentos que forman parte del ámbito de la Justicia «se sienten sobre la mesa» para, sobre datos fiables, buscar soluciones conjuntas a los muchos retos que se presentan.