El Gobierno andaluz recurre el auto que imputa a exaltos cargos en el 'caso de los ERE'

La Junta de Andalucía recurrió ayer el auto que imputaba a una veintena de exaltos cargos y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Argumenta la falta de motivación de los delitos y alega que el sistema de ayudas cuestionado por la juez Mercedes Alaya estaba incluido en una ley aprobada anualmente por el Parlamento. Tras conocer el recurso, el PP anunció que pedirá a la juez que expulse a la Junta del caso, en el que ejerce la acusación particular, porque «no se puede ser defensa y acusación».

En el auto fechado el pasado 28 de junio, la instructora implicaba al núcleo duro de las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y la de Innovación durante la pasada década como conocedores de la irregularidad que suponía usar las transferencias de financiación como mecanismo para abonar las ayudas a empresas en crisis o las regulaciones de empleo. Unos gastos que debían ejecutarse como subvenciones excepcionales, con gran nivel de fiscalización. La consecuencia de ese «uso indebido» de las transferencias fue el «dispendio continuado de fondos públicos».

Los servicios jurídicos de la Junta replican en el recurso que las imputaciones carecen de una motivación profusa, lo que podría desembocar en la nulidad del caso y, por tanto, hacer peligrar el proceso. Subrayan que, si por un error de la juez la investigación se derrumbara, la administración regional no podría recuperar los por lo menos 140 millones de euros defraudados, que es el motivo por el que la Junta está personada en la causa.

En el recurso también se aduce que la inconcreción de los delitos puede llegar a provocar indefensión de los imputados.

Por último, los servicios jurídicos subrayan que los hechos descritos por la juez no constituyen ningún delito penal, y apuntan que se pone en cuestión el principio de legalidad porque la partida de donde salían los fondos para las ayudas estaba incluida en una ley aprobada por el Parlamento andaluz, pese a lo cual solo imputa a varios de los cargos públicos.

Imputados de primera

Tras conocerse el recurso, el PP andaluz anunció que pedirá «inmediatamente» a la juez que aparte del caso a la Junta porque en un mismo proceso «no se puede ser defensa y acusación».

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez adujo además que con su decisión, la Junta evidencia que hay «imputados de primera y de segunda clase», dado que no recurrió otras imputaciones de altos cargos.