El Gobierno da luz verde a una reforma energética que irrita a las eléctricas

Con varios meses de retraso, más de una bronca, buenas dosis de hermetismo, y una considerable expectación por parte de todos los actores implicados (también los consumidores). Así llega la esperada reforma energética, que hoy aprobará el Consejo de Ministros. O al menos el grueso de la normativa que ha de cambiar las reglas (o algunas de ellas) del sistema. El desarrollo legal se sustanciará en un real decreto (llamado de estabilidad financiera del sector eléctrico), un proyecto de ley de reforma del sistema eléctrico, y ocho reales decretos que serán enviados a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El objetivo perentorio de la reforma, de eso no hay duda, es el de poner coto a la deuda tarifaria, que es la diferencia entre los costes regulados del sistema y los ingresos. Hasta día de hoy se han acumulado 28.000 millones. Parte figuran aún en los balances de las grandes eléctricas, y otra (más importante) está titulizada. Esto es, derechos de cobro cedidos a terceros (bancos y fondos de inversión, fundamentalmente). Pero el sistema genera un déficit estructural de 4.000 millones. Que sería mayor, siempre según el Gobierno, de no haber tomado una serie de medidas como el impuesto del 7% a la generación eléctrica, el 'céntimo verde' al gas, o el canon a las hidráulicas por el aprovechamiento del agua entre otras.

De los 4.000 millones que Soria quiere limar de los costes energéticos con la reforma, aproximadamente 1.800 (correspondientes a los costes extrapeninsulares, y que actualmente pagan los consumidores vía tarifa) deberían ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado para 2014. Esa era la idea del ministro de Industria, pero el miércoles mismo se topó con la negativa de Montoro. Finalmente, según fuentes cercanas a las negociaciones, Hacienda ha aceptado asumir «una parte» de lo pretendido por Industria. La propuesta final, que tendrá que ser presentada al Consejo de Ministros, es que el resto -hasta llegar a los 1.800 millones- lo asuman las propias eléctricas y quizá también los consumidores, a través de un aumento en los peajes de acceso.

Lo cierto es que las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa -Iberdrola, Endesa, EOn, Gas Natural Fenosa y HC- no salieron nada satisfechas de la reunión que ayer por la tarde mantuvieron con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien les avanzó las líneas maestras de la reforma. Según las fuentes consultadas, el escenario planteado por el Gobierno «es incluso peor de lo esperado». En general, temen que se les endose buena parte -si no todo- de la partida que no asuman los Presupuestos.

Recortes en distribución

La reforma energética incluirá una serie de medidas que afectarán al resto de costes regulados, fundamentalmente a la distribución, transporte y primas a las renovables. En el primer caso, las empresas temen un tajo de entre 350 y 500 millones de euros. Para Red Eléctrica -encargada del transporte- será de aproximadamente 100 millones. Por último, las primas que se pagan por la generación de electricidad por parte de las energías del régimen especial sufrirán un tajo estimado de 1.000 millones. Todos estos recortes podrían ir acompañados de un nuevo modelo retributivo de manera que, como ya ha manifestado Soria en más de una ocasión, «garantice una rentabilidad razonable» a todas las partes y que pueda ser revisable cada lustro para adaptarse al ciclo económico. También se contemplan otra serie de cambios, como el funcionamiento del mercado mayorista o 'pool', o la regulación del balance neto, que en teoría debe facilitar el autoconsumo de energía por parte de particulares.

Aparte de una hipotética subida de los peajes para cubrir la parte de los costes extrapeninsulares que no asuman las eléctricas ni los Presupuestos, está por ver cómo afectará esta reforma a los consumidores. En los últimos años, los usuarios han visto cómo en la composición de la factura eléctrica ganaban peso diferentes partidas ajenas a lo que es el precio de la energía propiamente dicha: los peajes de acceso (transporte, distribución, coste de los sistemas insulares y extrapeninsulares, primas al régimen especial, anualidades de la deuda tarifaria, subvenciones al carbón, etc..) y los impuestos suponen el 63% de los costes totales del sistema. El 37% restante corresponde al componente estrictamente energético. Industria baraja reducir desde los 10 kw (kilovatios) hasta los 5kw el límite para poder acceder a la Tarifa de Último Recurso, a la que están vinculados 20 millones de consumidores.

Otro de los grandes objetivos de la reforma es terminar con algo en lo que coinciden las grandes eléctricas y las empresas de energía renovable: la inseguridad jurídica que se ha generado en los últimos años a golpe de normativa, y que no solo ha retraído las inversiones internacionales en el sector, sino también la de las eléctricas nacionales, integradas en Unesa.