El Gobierno defiende sus propias medidas y apela al rechazo de Bruselas

El Gobierno explicó su recurso, a través de su delegada en Andalucía, Carmen Crespo, alegando que su legislación sobre desahucios, aprobada por el Congreso de los Diputados y vigente para toda España, «contempla la paralización de las ejecuciones hipotecarias durante dos años y a coste cero para aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión».

Crespo añadió, en un comunicado de prensa, que «la solución al problema de los desahucios no pasa por las sanciones y las expropiaciones contempladas en el decreto de la Junta que, como ha advertido la Comisión Europea, crea inseguridad jurídica e incertidumbre entre los inversores».

El decreto andaluz de uso social de la vivienda «afecta al derecho esencial de la propiedad privada e invade competencias a nuestro juicio reservadas a las Cortes Generales», dijo Carmen Crespo, y además «está generando una mala imagen de Andalucía fuera de nuestras fronteras».

La delegada reiteró su oferta para abrir «una vía informal de diálogo» con la Junta, dentro de la subcomisión de conflictos Gobierno-Comunidad Autónoma, aunque el recurso se mantendrá. «El Gobierno va a seguir trabajando para garantizar la igualdad de los españoles, de forma que las comunidades autónomas actúen sólo en el ámbito de sus competencias», declaró.