El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. :: EMILIO NARANJO / EFE
Sociedad

La Justicia paraliza de forma provisional la privatización de seis hospitales madrileños

El Tribunal Superior de la comunidad toma esta medida por la modificación de los pliegos para las futuras concesionarias

MADRID. Actualizado: Guardar
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La 'marea blanca' celebró ayer su primera victoria en la guerra por la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió paralizar la privatización de los seis hospitales que el Gobierno regional sacó a concurso público debido a una modificación de los pliegos de condiciones para las empresas que se postularon para gestionar estos centros. En su mayoría, abiertos en los últimos años. Son los hospitales del Henares, del Sureste, del Tajo y los Infanta Sofía, Infanta Cristina e Infanta Sofía.

Pero este fallo puede tener una vida efímera. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha dado una semana de plazo hasta tomar una decisión definitiva sobre este recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). En siete días debe decidir si este aplazamiento se mantiene hasta la decisión final del TSJM o la revoca. Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, anunció que el Gobierno regional presentaría en los próximos días las alegaciones a la decisión de este tribunal. Además, el consejero reiteró que el TSJM no entra a valorar el fondo de la cuestión, sino un aspecto formal. «Estoy seguro de que el tribunal será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad de Madrid», comentó Lasquetty después de conocer el texto.

El fallo del TSJM carga contra el cambio en la fianza fijada en un principio en el pliego de condiciones para las empresas. El recurrente expresó que la administración, «de forma extemporánea», había decidido fijar esta fianza definitiva a prestar por la adjudicataria del concurso «no a un 5% del importe total del contrato, sino a un 5% del importe anual del contrato, minorando, en la práctica, la fianza definitiva a depositar en un 90% de lo previsto tanto en la ley como en el propio pliego de condiciones» original. Según el PSM, esta disminución «injustificada» del importe de la garantía definitiva es «arbitraria y contraria a los intereses generales». La Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo en cuenta la demanda presentada por los socialistas el 12 de junio.

Ahorro de 200 millones

Después de conocer el texto, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, mostró su alegría por la decisión del alto tribunal regional y calificó esta resolución como un «salto de gigante» e invitó al Partido Popular a dar un paso atrás y que abandone «sus planes privatizadores» para la sanidad. «Es un proceso cargado de irregularidades, que se ha puesto de manifiesto en el conchabeo entre las empresas privadas que quieren hacerse con la sanidad en Madrid y el Gobierno del PP», añadió el líder socialista en el Senado. «No se puede jugar con la vida de la gente. No se puede hacer algo en contra de toda la sociedad madrileña», añadió. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también mostró su alegría en Twitter por la decisión del tribunal.

Asimismo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid mostró su satisfacción por la decisión que «pone de relieve la poca claridad y transparencia del proceso privatizador llevado a cabo por la Comunidad de Madrid». «Esperamos que esta paralización pase a ser definitiva y se acabe con un proceso que pone en grave riesgo el funcionamiento de la sanidad pública madrileña», apuntó en un comunicado. Por el contrario, el consejero de Sanidad defendió la transparencia del proceso, que se «ha hecho a la luz de todos» y se mostró convencido de que los tribunales les darán la razón definitiva y dé el placet a la externalización de los seis hospitales y de 27 centros de salud.

Esta decisión, que según la Consejería de Sanidad permitirá ahorrar unos 200 millones, se ha encontrado con la oposición de los colegios médicos y de enfermeras y de los sindicatos, que temen un contagio privatizador en otras comunidades.