El Gobierno recurre al TC y pide paralizar el decreto andaluz antidesahucios

El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía que, de ser admitido a trámite, supondría la suspensión temporal de la norma durante cinco meses. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, argumenta que este decreto «viola el derecho a la propiedad de la vivienda» y que sanciona a la banca de manera preventiva, algo contrario a la Constitución.

Fuera de los tribunales, el Gobierno ofrece una vía de «diálogo informal» con el Gobierno autonómico andaluz, que ya solicitó entablar negociaciones bilaterales para debatir la medida. Sin embargo, aunque populares y socialistas se sentaran en la mesa de negociaciones, sería al margen de los trámites legales, dado que el Gobierno no se plantea la retirada del recurso.

Desde la Junta de Andalucía defienden la constitucionalidad del decreto, que permite expropiar temporalmente el uso de las viviendas a los bancos con el fin de evitar el desalojo de personas en riesgo de exclusión social. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, considera que el intento de ilegalizar la medida supone un «abuso que quita poder al pueblo y se lo da a las entidades financieras», e insiste en entablar negociaciones bilaterales, aunque de carácter formal a través de una comisión.

Pese al rechazo de la oposición andaluza, el recurso del Gobierno encuentra un apoyo en la Comisión Europea, que alerta de un posible «impacto negativo» en la estabilidad financiera española, así como dificultades en el saneamiento del sector bancario por la aplicación del decreto andaluz.