La Junta pagará la defensa de los altos cargos imputados en el caso del fraude de los ERE

La Junta de Andalucía, pese a ser acusación particular en el 'caso de los ERE', asumirá la defensa de sus altos cargos y funcionarios imputados la pasada semana que así lo soliciten, según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno. Se trata de una opción recogida en el reglamento del servicio jurídico de la administración que solo afecta a aquellos cargos aún en activo. No incluiría, por tanto, a la exministra Magdalena Álvarez.

A la Junta no parece importarle que una actuación similar supuso la expulsión del PP del 'caso Gürtel', en el que también era acusación particular pero actuaba como defensor de Luis Bárcenas y otros imputados del partido. El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía establece en su disposición adicional segunda que la institución podrá defender a las autoridades y personal de la administración en cualquier procedimiento judicial «siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores». Al estar ya personada en la causa, la Junta no llevaría directamente la defensa, sino que se costearía la defensa privada de dichos cargos.

El Gobierno andaluz argumentó que «es una cuestión de normativa». Se acogió a que el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis, cuestionado por la juez Mercedes Alaya, fue legal y refrendado en el Parlamento y los presupuestos anuales, de ahí que califique a los últimos imputados como «personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía», según insistió el portavoz del Ejecutivo. De la veintena de exaltos y altos cargos implicados, cuatro siguen en el Ejecutivo.

Críticas a Alaya

El portavoz de la Junta se mostró muy crítico con el último auto de la juez Alaya, que es «perfectamente recurrible» y que «parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal». Y aunque defendió el derecho de la administración a «hacer públicas sus discrepancias» con el texto judicial, apuntó que el Gobierno autonómico «quiere andar con pies de plomo» en este asunto y no recurrirá el auto judicial, dejará que sean los propios afectados quienes lo hagan.

En este sentido, los socios de Gobierno, PSOE e IU, adelantaron ayer su rechazo a que se celebre un pleno urgente y monográfico en el Parlamento para abordar de nuevo el 'caso ERE', como solicita el PP a raíz de las últimas imputaciones. Los populares entienden que el último auto judicial señala directamente al Gobierno y corrobora que todos los consejeros conocían las irregularidades en el sistema de ayudas. Los socialistas, sin embargo, apuntan que se trata de un tema sobre el que la cámara ha debatido en numerosas ocasiones. IU, por su parte, insistió además en que la instrucción judicial no puede marcar el ritmo parlamentario.