Último recurso para cobrar la deuda del Estatuto

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado un golpe mortal a las aspiraciones de Andalucía de cobrar la deuda que la Junta le reclama por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y que cifra en 1.504 millones sólo en los años 2008 y 2009. La respuesta de la comunidad autónoma ha sido llevar a los tribunales a la Administración Central del Estado, en una nueva área de conflicto entre las dos instituciones.

El consejero de Economía andaluz, Antonio Avila, ya había amenazado con recurrir a la vía de lo contencioso para que se convocara la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, encargada por el Estatuto de vigilar el cumplimiento de la ya famosa disposición adicional, para ver el nivel de inversión del Estado en Andalucía en los años 2010 y 2011 y ver si se cumple el porcentaje requerido. El vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, ha estimado que Madrid debe a Andalucía cerca de cinco mil millones por este concepto.

Sin embargo, Hacienda ha negado la mayor: una carta firmada por la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, afirma que dicha comisión carece de competencias en materia de inversiones, de modo que el acuerdo sobre las inversiones que se dejaron de ejecutar en los años 2008 y 2009 no supone «ningún compromiso de gasto» para el Gobierno.

El Ministerio se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña para establecer que los textos estatutarios «no pueden tener en modo alguno efectos directamente vinculantes para el Estado y, por tanto, debe pues interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones».

«Así pues las comunidades autónomas no pueden pretender construir en sus estatutos un sistema de financiación adicional para inversiones que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada comunidad», añade la carta de Fernández Currás que, además, dice que «no consta» la aprobación por tal órgano de «ninguna metodología específica de cálculo sin perjuicio de las actuaciones realizadas por un grupo de trabajo en el seno de la misma cuyo resultado no consta que fuera elevado y aprobado por tal comisión».

El Gobierno andaluz cree que la secretaria de Estado «se ríe de los andaluces con ese posicionamiento», dijo Antonio Ávila tras el Consejo de Gobierno que acordó recurrir a los tribunales. Para Economía, la inversión por habitante del Estado en Andalucía ha disminuido en un 52% en 2012-2013 respecto al ejercicio anterior, diez puntos más que en el conjunto de España, donde el descenso ha sido del 42%.

Ávila ha rechazado la aplicación a Andalucía de la sentencia catalana ya que el Gobierno recurrió el estatuto catalán, pero no en andaluz, que fue aprobado con el voto favorable del PP.