La juez Alaya lleva hasta el límite la investigación de los ERE fraudulentos

Paso a paso, como una hormiga, la juez Mercedes Alaya va «subiendo los peldaños» de la pirámide política implicada en el escándalo de corrupción de los ERE fraudulentos. Sus pesquisas estrechan cada vez más el cerco sobre el Ejecutivo andaluz al involucrar ya a tres consejerías -Empleo, Economía y Hacienda- y suponen un «salto cualitativo» en la investigación sobre el «dispendio continuado de fondos públicos». Aparentemente, ya han sido imputados todos los políticos involucrados de una u otra forma en el escándalo, excepto los que, aunque citados en los interrogatorios, están aforados. Se trataría del presidente José Antonio Griñán -exvicepresidente económico de Manuel Chaves-; su antecesora, la actual consejera de Hacienda, Carmen Aguayo -anterior número dos de Griñán-; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, parlamentario andaluz en la actualidad; el exconsejero de Presidencia y diputado en Madrid Gaspar Zarrías -por quien la magistrada preguntó insistentemente al último imputado-; o el exconsejero de Empleo y también diputado José Antonio Viera.

La eventual implicación de alguno de ellos supondría la cesión del caso al Tribunal Supremo y obligaría a Alaya a dejar la instrucción, algo a lo que no parece dispuesta. Su control sobre el caso es tal que, tras incorporarse después de seis meses de baja y recibir la presión de altas instancias judiciales para que acelere las diligencias, no admitió que el juez de refuerzo de su juzgado la auxiliara en la instrucción.

El caso más llamativo es el de José Antonio Viera, al que los testimonios señalan desde el inicio de la instrucción, allá por 2011. Las sospechas se concretaron con la declaración del hasta ahora principal implicado en el escándalo, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, que fue tajante. «Viera fue quien promovió las ayudas y el que indicaba e insistía en que tienen que salir adelante». Como dijeron otros imputados, cada consejero se ocupaba de lograr la paz social y solucionar los problemas en su territorio. Viera en Sevilla, Zarrías en Jaén o el exconsejero de Empleo Antonio Fernández en Cádiz.

Sin embargo, una vez encarcelado Fernández, y antes de imputar a los otros dos exmiembros del Ejecutivo con activa vida política, Alaya dio un rodeo y encaminó sus pesquisas a los grandes beneficiarios del procedimiento: los 'intrusos' en los ERE y, sobre todo, los intermediarios que, en connivencia con Guerrero, cobraron abultadas comisiones por tramitar los expedientes y montaron un entramado societario para ocultar los millonarios fondos. En palabras de la juez, «el verdadero negocio» de la trama.

Tras un semestre a medio gas por la enfermedad de Alaya, el golpe de efecto llegó en marzo, en una macrooperación policial con una treintena de imputados, muchos de ellos detenidos. Tras interrogar al grueso de los implicados y encarcelar a siete de ellos, el análisis de la documentación obligó a un nuevo parón en las diligencias, que se retomaron esta semana con la declaración el jueves del responsable del bufete que participaba en los expedientes. Su testimonio, según ha trascendido, de nuevo sacaba a la palestra el papel jugado por Zarrías y otros cargos del Gobierno de Chaves.

El nudo gordiano de esta parte de la trama es el sistema de ayudas a empresas en crisis que la Junta de Andalucía implantó en 2001 para agilizar su concesión y alcanzar la «paz social» en una época convulsa, pero que introducía la discrecionalidad y permitía eludir todos los controles. Alaya entiende que era un sistema ilegal porque las regulaciones de empleo o las ayudas a empresas se debieron solventar con subvenciones excepcionales sometidas a mayor fiscalización.

Un sistema bajo sospecha

Las sospecha de la juez acerca de que todos en el Ejecutivo andaluz eran conscientes de la irregularidad de las ayudas le llevaron a solicitar a la Junta en 2011 las actas de los 480 consejos de gobierno celebrados entre 2001 y 2010, petición que la administración consideró una vulneración del secreto de las deliberaciones y una invasión de competencias. La pugna acabó en el Supremo, que obligó a la Junta a entregar las actas omitiendo las partes referidas a materia reservada o deliberación puramente política.

Sin embargo, un año más tarde, en junio de 2012, la Guardia Civil vino a darle la razón a la magistrada al señalar que el sistema de ayudas era conocido por el Consejo de Gobierno, que «participó en los mecanismos que lo harían viable». Decía que las prácticas se habían mantenido con posterioridad a la marcha de Guerrero en 2008, extendiendo la sospecha a responsables nombrados por Griñán.

Con esa premisa, la juez dictó la pasada semana un nuevo auto de imputación que llegó al corazón mismo de las consejerías implicadas durante la última década de mandato socialista. Una veintena de cargos de segundo y tercer nivel que impulsaron o visaron el sistema de ayudas y que además pudieron tener «indiciario conocimiento» de su uso indebido a través de los avisos del interventor.

Llegados a este punto, Alaya se enfrenta a una encrucijada. Su instrucción se dirige inexorablemente a la imputación de cargos aforados, incluso el propio presidente de la Junta. Pero sabe que en cuanto lo haga deberá desvincularse del caso.