La urgente reforma de la Ley Hipotecaria

Los afectados por los desahucios de viviendas como consecuencia del impago de la hipoteca reconocen que las actuaciones tanto del Gobierno de la Nación como de la Junta en este asunto son meros parches. El decreto de buenas maneras alumbrado por el Ejecutivo de Rajoy el año pasado o el polémico decreto antidesahucios inventado el pasado mayo por la Junta son simples remiendos a una ley que necesita de un profundo cambio. Las organizaciones de consumidores de banca y cajas de ahorro coinciden con los afectados por los desahucios en señalar que estas actuaciones administrativas se agradecen pero, desde luego, no arreglan el problema. La Ley Hipotecaria vigente en nuestro país data del régimen de Franco y es urgente su modificación para evitar abusos. El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que el procedimiento que se sigue en España es ilegal. Han sido los jueces europeos los que han enmendado la plana a los españoles, que se han visto obligados a mirar con lupa las ejecuciones hipotecarias que elevan los bancos a los juzgados. Ante esta situación, los jueces españoles se toman su tiempo y prefieren aparcar el fallo. La sentencia europea ha provocado que el acoso sufrido durante los últimos años quienes no han podido hacer frente a su hipoteca se reduzca. En la provincia de Cádiz el número de ejecuciones hipotecarias ha bajado y se han frenado los desahucios. El paro ha sido el detonante de un drama social que se ha llevado por delante a miles de familias que, pese a todo, no han tenido amparo legal. El banco ha ejecutado las cláusulas sin negociar. La provincia de Cádiz ha sufrido esta acción con especial virulencia debido su alta tasa de desempleo, un 41%. En 2012 se produjeron 1.198 desalojos.