El Gobierno seguirá con la reforma local pese al varapalo del Consejo de Estado

La reforma de la administración local se le atraganta al Gobierno. El primer informe que el Ministerio de Hacienda envió al Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, además de ser rechazado por el PSOE y de concitar críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside un alcalde del PP, ha recibido un duro revés por parte del Consejo de Estado, que entiende que puede vulnerar el artículo 140 de la Constitución por reducir «en exceso» la autonomía local y critica la regulación del llamado coste estándar porque es «tan amplia y carente de parámetros legales» que puede casi «considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno». La importancia de este coste estándar radica en que los ayuntamientos que no lo cumplan perderán las competencias parciales o totales sobre los servicios públicos que gestiona, que pasarían a ser tutelados por las diputaciones provinciales.

El citado expediente, que está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, José Luis Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Antonio Hernández Gil, avala otras propuestas igualmente polémicas como la capacidad constitucional que tiene el Estado para redefinir la lista de competencias municipales y de hacerlo «de forma exhaustiva y aparentemente cerrada».

El Ministerio de Hacienda niega la mayor y califica de «matizaciones técnicas» las indicaciones del máximo órgano consultivo que, en cualquier caso, no ponen en duda su «constitucionalidad», por lo que seguirá adelante con la reforma, una de las más publicitadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro indicaron que estudiarán el contenido del informe e incorporará al anteproyecto de ley que envíe finalmente al Consejo de Ministros las recomendaciones del órgano consultivo que crea necesarias. Íñigo de la Serna, presidente de la FEMP, ve en este informe del Consejo de Estado «una buena oportunidad» para volver a estudiar junto al Ministerio de Hacienda la idoneidad del denominado coste estándar, «cuestión sobre la que la Federación ha formulado numerosas alegaciones, algunas de ellas coincidentes» con lo apuntado ahora por la institución que encabeza Romay Beccaria, sobre todo por la posibilidad de que atenten contra el artículo 140 de la Constitución.

Desde el PP se pone el acento en que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, pero no vinculante. Rafael Merino, portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, recalcó que lo realmente importante es que este documento reconoce la competencia del Estado para regular la administración local y «mantiene todos los objetivos del Gobierno.

Dar marcha atrás

Una visión totalmente opuesta mantiene el PSOE. Los socialistas entienden que tras el «demoledor» dictamen del Consejo de Estado el Gobierno está obligado a dar marcha atrás y empezar de cero. Ramón Jáuregui lo dijo de una manera muy gráfica: «La reforma local está herida de muerte».

Una interpretación que coincide en sus reparos con las críticas que había expuesto el principal partido de la oposición en todos los foros a los que ha sido convocado. Entre otras cosas, cuestiona el traspaso de competencias locales a las diputaciones, unos órganos que a diferencia de los gobiernos municipales, elegidos por los ciudadanos en las urnas, son de representación indirecta.

El alcalde de Vigo, y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, se mostró relativamente satisfecho por el hecho de que el Consejo de Estado encuentre, como su partido, visos de inconstitucionalidad en el texto defendido por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero reclamó, al igual que De la Serna y sin demasiada fe, una reunión «urgentísima» de la comisión ejecutiva de la federación e insistió, como lleva haciendo desde hace un mes, en que se convoque a los más de 8.000 alcaldes de España a una asamblea para analizar la situación. «Ahora que el Consejo de Estado lo avala, es imprescindible que nos reunamos para decirle al Gobierno que retire la reforma», dijo.