«El auto de la jueza es manifiestamente recurrible»

La Junta de Andalucía recurrirá el auto de la jueza Mercedes Alaya que imputa a una veintena de cargos y excargos socialistas de la última década. Los servicios jurídicos de la Junta, que está personada como acusación en el proceso de instrucción, estudian detenidamente los argumentos con los que plantear el recurso. El mismo presidente del Gobierno, José Antonio Griñán, confirmó esta intención al responder ayer a los periodistas en Córdoba que el auto «no contiene absolutamente ningún reproche penal. Por lo tanto, creo que es un auto manifiestamente recurrible».

La jueza Alaya ha citado a declarar como imputados a la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en su condición de exconsejera de Economía y Hacienda desde 1994 a 2004, a cuatro viceconsejeros de este departamento, Empleo e Innovación, a varios directores generales y funcionarios de la intervención de la administración autónoma, entre ellos el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.

En el auto fechado el 28 de junio y hecho público este martes, Alaya no les acusa de ningún delito en concreto, pero sostiene que son llamados a declarar como imputados por ser conocedores y no haber impedido el «uso indebido» de un procedimiento para conceder las ayudas sociolaborales, la transferencia de financiación, que considera una «fórmula absolutamente inadecuada» e ilegal. La jueza sostiene que este procedimiento es el que ha propiciado un «dispendio continuado de fondos públicos».

El fraude calculado hasta ahora es de más de 140 millones de euros de una partida de 721 millones de euros desde 2001 a 2010 por el pago de prejubilaciones a intrusos en los ERE, ayudas a empresas de forma irregular y sobrecomisiones a aseguradoras y despachos de abogados. La jueza ya había imputado a 73 personas con anterioridad por estos hechos, pero añade que ha llegado el momento de «dar un paso cualitativo» para justificar la acusación a los veinte cargos socialistas.

La Junta esperará que prospere su posible recurso ante lo que considera una débil argumentación jurídica de la jueza para la imputación. «Creo que a ninguna de las personas que están concernidas en ese auto se les hace en ese mismo auto ningún reproche de naturaleza penal», explicó Griñán sin confirmar el recurso de la Junta.

Al margen de la actuación de la administración autonómica como parte personada, varios de los imputados recurrirán de forma individual. Así lo anunciaron ayer el exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez Román, el director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde Ramos, y el exdirector de Presupuestos y ahora viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano. Todos ellos coinciden en subrayar que no hay razonamiento jurídico que justifique la imputación «y no se aprecia ninguna tacha de tipo penal, no evidenciando indicios de la comisión de ningún delito».

Malversación y prevaricación

Los recursos se basarán en argumentos como los sostenidos por algunos expertos en la materia como el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que en declaraciones a la cadena Ser manifestó que el auto puede ser «nulo» porque no aclara qué delito les imputa. Recuerda que la Constitución exige como garantía procesal que la persona procesada sepa de qué es acusada. Añade que si la jueza le hubiera acusado de prevaricación, por dictar una resolución injusta, la ley que incluye la transferencia de financiación para pagar los ERE fue aprobada por el Parlamento, por lo que tendría que ir a por todos los diputados que sancionaron la norma. En caso de que les acusara de malversación de caudales públicos, el magistrado opina que «sería una locura» porque este exige que haya ánimo de lucro.

Martín Pallín considera, no obstante, que Alaya «está investigando muy bien el fraude», pero «no puede criminalizar la forma política, administrativa y financiera» con la que se llevó a cabo el acuerdo para dedicar un fondo para ayudas sociolaborales. «Eso no es competencia suya y no es delito», dijo para añadir que cree que la juez «se ha metido en un charco de invasión de competencias muy peligroso».

El auto por lo pronto sí ha tenido consecuencias políticas en el Gobierno andaluz. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, ha dimitido de sus funciones como secretario de actas del Consejo de Gobierno. No lo hará de su cargo de viceconsejero hasta que no tenga respuesta su recurso.

En un comunicado enviado a Europa Press, Lozano defiende su trayectoria, dice tener la conciencia tranquila y haber cumplido con la ley. «Que mi nombre, y el de otros muchos compañeros, aparezca en el auto sólo responde a una premisa, haber cumplido la ley, como ha sido participar en la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuestos de los años que están siendo investigados por la Justicia».