La juez de los ERE imputa a la exministra Magdalena Álvarez y otros 19 exaltos cargos

La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público estrechó el cerco contra el Gobierno andaluz al imputar ayer a la exministra socialista de Fomento y exconsejera andaluza de Economía Magdalena Álvarez y a una veintena de altos y exaltos cargos de tres Consejerías del Ejecutivo autonómico, entre ellos, el que fuera interventor general de la Junta hasta 2010 y el viceconsejero de Presidencia y número dos de Susana Díaz, la probable sucesora de José Antonio Griñán.

La investigación se centra así de nuevo en el cuestionado sistema empleado para conceder ayudas a empresas en crisis

Tras meses investigando el destino del dinero público y sus beneficiarios, desde los 'intrusos' incluidos en los expedientes de regulación de empleo hasta las mediadoras que tramitaban los expedientes previo cobro de comisión, la juez Mercedes Alaya vuelve a su pugna inicial con el Ejecutivo andaluz. «Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales (...) habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos», señala el auto.

Transferencias

En este sentido, la juez Alaya sostiene que todos los nuevos imputados tenían «indiciario conocimiento» del uso «indebido» del sistema de ayudas a empresas en crisis mediante la fórmula de la transferencia de financiación, «y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando».

Como ya apuntó al inicio de la investigación, y ratifica ahora apoyándose en un informe de la Guardia Civil y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ese sistema no solo era ilegal, sino que además permitía el uso discrecional del dinero y eludir cualquier tipo de control o fiscalización.

En 2001, y a través de un convenio marco, la Junta cambió el criterio de concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con la idea de agilizar el proceso. El método elegido eran las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo hacía al ente público Instituto de Fomento Andaluz con cargo a la partida 31-L, el famoso 'fondo de reptiles' de 721 millones de euros que describió el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero.

Pero según recuerda la juez, la ley andaluza recoge que dichas transferencias son solo para financiar la actividad global de los entes autónomos o reequilibrar las cuentas, no para subvencionar despidos. Para afrontar los expedientes de regulación de empleo, por tanto, se debía haber acudido a la vía de la subvención.

En este sentido, Alaya apunta directamente a Magdalena Álvarez, que en calidad de responsable de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 fue la encargada de «dictar las normas» en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación. También de aprobar las modificaciones presupuestarias que para esas ayudas se realizaron en los años previos al convenio marco. En este sentido, en un reciente auto la juez retrotraía la investigación a 1999 y solicitaba al Ministerio de Trabajo que informase sobre las competencias de las comunidades autónomas para conceder ayudas sociolaborales.

Segundo consejero

Magdalena Álvarez, actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversión, se convierte así en el segundo consejero andaluz implicado en la trama tras el que fuera responsable de Empleo Antonio Fernández.

Junto a ella, la juez implica a parte de su equipo directo, como su exviceconsejero y número dos de entonces, José Salgueiro. Álvarez fue sustituida en el puesto por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta y a quien la juez ha señalado ya en varios autos. Si hubiera imputado ahora al presidente de la Junta de Andalucía, Alaya hubiera perdido el caso porque al estar aforado el jefe del Ejecutivo el sumario habría pasado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La juez Merecedes Alaya también imputa al exinterventor general hasta el año 2010, que está citado a declarar a finales de julio acerca de las al menos 15 ocasiones en las que advirtió al Gobierno andaluz de que el procedimiento era inadecuado por su falta de control, aunque nunca, según la Junta, alertó de menoscabo de fondos públicos.