El auditor de Bankia pactó una cláusula de salvaguarda ante posibles falsedades

O los técnicos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) han sido laxos en su análisis sobre la controvertida labor de Deloitte como auditor de Bankia o, de dar por buenas sus conclusiones, la multinacional habría podido participar en parte de las irregularidades que han llevado a más de una treintena de directivos del banco a desfilar como imputados en la Audiencia Nacional. No parece haber término medio, a la luz del severo informe elaborado por el citado organismo, dependiente del Ministerio de Economía, que ha servido de base al expediente sancionador incoado contra la firma citada.

El punto más llamativo del documento es la revelación de que Deloitte suscribió una cláusula de salvaguarda con quienes administraban Bankia en el primer semestre de 2011, con Rodrigo Rato a la cabeza. Mediante ella, y «debido a la importancia de las manifestaciones de los administradores y la dirección [de la entidad financiera] para el resultado de la auditoría», el banco -que abonó 3,7 millones por todos sus servicios- «está de acuerdo en mantener indemne a nuestra firma y a nuestro personal de cualquier responsabilidad y costes que pudieran derivarse de los servicios prestados», fundamentalmente cuando sean «atribuibles a manifestaciones falsas o inexactas» de aquellos.

Con este documento, en teoría, Deloitte quedaría libre de cualquier culpa ante posibles problemas con las cuentas de Bankia. Es más, revela una clara desconfianza hacia la información que le pudieran dar sus responsables. Así, pese a ser su auditora los últimos años, se negó a firmar los resultados de 2011 que, según Rato, deberían haber reflejado un beneficio de 309 millones de euros. Finalmente, el Gobierno obligó a reformular las cuentas de aquel ejercicio, que arrojarían luego unas pérdidas de 2.979 millones.

Tan singular cláusula, advierte el ICAC, «no está prevista en la normativa reguladora de la auditoría de cuentas», e incluso afectaría al régimen de responsabilidad civil que «pudiera exigírsele [a Deloitte]». «El auditor -añade- no puede ampararse» en las declaraciones de unos administradores «para no realizar su labor»: verificar que las cuentas se corresponden con la realidad.

Otro apartado importante del informe del ICAC es la posible falta de independencia de Deloitte que, a su juicio, se derivaría de que al mismo tiempo que actuó como auditor de Bankia también prestó «determinados servicios». El catálogo de los mismos iba desde la determinación de la rentabilidad de sus negocios hasta señalar los activos a incluir en el llamado 'banco malo', pasando por diseñar alternativas posibles de salida a la Bolsa y evaluar las necesidades de capital adicional necesario para sanear sus balances.

¿Mero «chequeo» o revisión?

La multinacional alega que la naturaleza de su trabajo fue solo de «chequeo» y no de revisión de datos o cifras contables. Pero no convence a los técnicos del instituto, que consideran que de la documentación analizada se deduciría que «podría haber participado en la preparación o elaboración de estados o documentos que integran los estados financieros auditados». Es decir, se daría la paradoja de que profesionales de Deloitte tendrían que revisar el trabajo de otros compañeros, si bien el ICAC sostiene que en ambos casos eran casi las mismas personas.

La implicación en ese trabajo fue tal, según el documento, que los auditores habrían intervenido incluso «en la preparación de un plan de negocio que llevaría a la determinación de las cifras de los balances de Bankia y BFA [su matriz]», que sirvieron de base para el folleto de su salida a Bolsa, cuya veracidad quedó en entredicho tras destaparse en 2012 el agujero multimillonario de la entidad. Por ello, las acusaciones del caso estudian pedir al juez Fernando Andreu que impute a Deloitte y a su socio auditor en el banco, Francisco Celma, quien ya declaró en febrero como testigo.

Sea como fuere, el ICAC echa en falta un buen número de pruebas, controles o documentos que deberían haber servido de «base fiable» para las conclusiones alcanzadas por Deloitte, que no apreció deficiencias reseñables ni en las cuentas del primer trimestre de 2011 ni en las de todo el semestre. «No habría constancia en los papeles de trabajo» es la frase más repetida por los técnicos, quienes dejan ver que el trabajo de los auditores fue, cuando menos, bastante deficiente.

La multinacional niega que no se hayan hecho dichas verificaciones, pero se enfrenta a una sanción de peso -multa e incluso pérdida de licencia- por dos posibles faltas muy graves y otras dos graves. Deloitte, no obstante, es la principal auditora del sector financiero español, pues cada año revisa las cuentas de 50 bancos y cajas (el 53% del total), entre ellos el Santander y BBVA.