La jueza Alaya cerca el entorno de Griñán

La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, dio ayer un «paso cualitativo» en su investigación al imputar a una veintena de cargos, excargos socialistas y funcionarios de la Junta de Andalucía, entre ellos la exministra de Fomento y consejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Alaya vuelve a la pieza inicial de la investigación, la que se centra en los políticos que supuestamente respaldaron un procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas a empresas en crisis y pago de prejubilaciones que considera ilegal. Su nuevo paso en la instrucción estrecha el cerco al entorno de José Antonio Griñán, sucesor de Magdalena Álvarez en 2004 en la Consejería de Empleo y Hacienda hasta el año 2009.

Entre los imputados figura Antonio Lozano, exdirector general de Presupuestos con Álvarez y Griñán y ahora viceconsejero de Presidencia, cuya titular es Susana Díaz. Lozano es un hombre de confianza de Griñán, uno de los puntales de su equipo durante casi toda su etapa en la Junta de Andalucía.

La jueza, en un auto fechado el 28 de junio, dos días después de que Griñán anunciara que no volvería a ser candidato, y hecho público ayer, también imputa al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, quien emitió hasta 15 informes advirtiendo de irregularidades en el procedimiento de las ayudas. En una carta de Gómez, este acusó al presidente de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».

El exinterventor será el primero en declarar como imputado ante Alaya, que lo ha citado para el próximo día 25 de este mes, cuatro días antes de las primarias socialistas.

A todos los imputados los hace Alaya conocedores del uso «indebido» de una fórmula «absolutamente inadecuada» como es la transferencia de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que estaba produciendo. Insiste como en otras ocasiones que este procedimiento ha propiciado un menoscabo de fondos públicos por ayudas concedidas sin control y de manera discrecional. La jueza investiga un fraude calculado hasta ahora en más de 140 millones de euros de una partida de 721 millones de euros desde 2001 a 2010 (1.500 con los gastos financieros) por prejubilaciones falsas de intrusos en los ERE, ayudas a empresas de forma irregular y sobrecomisiones a aseguradoras y despachos de abogados.

Tras encarrilar la fase de la pista del dinero defraudado, con 73 personas imputadas, Alaya dice que «ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas las cuales, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos».

La Junta de Andalucía cambió el criterio de concesión de las ayudas sociolaborales para agilizar estas en 2001 mediante un convenio marco. Alaya dice que la fórmula elegida, la transferencia de financiación que la Consejería de Empleo hacía a la agencia IFA, luego IDEA, con cargo a la partida 31L, es ilegal puesto que para financiar despidos debió utilizarse la figura de la subvención, sujeta a publicidad. Alaya ha reclamado en otro auto al Ministerio de Trabajo si la Junta de Andalucía tenía competencias para pagar estas ayudas sociolaborales. La jueza apunta a Magdalena Álvarez porque como consejera de Economía y Hacienda desde 1994 a 2004 fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación.

Aforados

La magistrada basa su actuación en las pesquisas de la Guardia Civil, que interrogó el pasado verano a 14 funcionarios de la Junta, para entender por qué no se llegó a corregir el sistema tras las advertencias del interventor. En el atestado de la Guardia Civil, esta apunta que los imputados pueden haber cometido delitos de malversación, prevaricación y contra la Hacienda pública. Alaya, sin embargo, los cita sin especificarlos delitos de que se les acusa.

Salvo Álvarez, los cargos que cita son de segundo y tercer nivel de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación desde 2000 a 2012. Aparecen los ex viceconsejeros José Salgueiro (Economía y Hacienda), Justo Mañas (Empleo) y Gonzalo Suárez (Innovación, Ciencia y Empresa).

Ninguno de ellos está aforado, es decir, ocupa cargo en el Gobierno o es diputado. La jueza ha tenido especial cuidado en no incluir a los titulares de dichas consejerías o viceconsejeros que sí están aforados, como José Antonio Viera, el mismo Griñán, Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo. Si lo hiciera perdería el caso en favor del Tribunal Supremo y del TSJA. Hasta ahora los únicos exconsejeros imputados, Antonio Fernández (Empleo) y Magdalena Álvarez (Hacienda) no están aforados.