CC OO pide subir dos puntos las cotizaciones a repartir entre empresa y trabajador

CC OO propone subir de forma inmediata las cotizaciones sociales para cubrir el déficit coyuntural del sistema de pensiones y no aplicar el factor de sostenibilidad hasta comprobar el efecto de la reforma aprobada en 2011 y que entró en vigor en enero de este año. La subida sería de dos puntos porcentuales en las cuotas por contingencias comunes y se repartiría de forma equilibrada entre las aportaciones empresariales y las de los trabajadores con empleo, según explicó ante los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo el secretario de Seguridad Social de CC OO, Carlos Bravo. Con ella, la Seguridad Social obtendría entre 6.000 y 7.000 millones más al año. Este incremento sería temporal mientras se recuperan los niveles de empleo. «La subida de cotizaciones no es deseable porque incrementa el coste del trabajo y estamos en una época de crisis, pero la cuestión es si es necesaria». A juicio del sindicato, está claro que sí para no consumir el Fondo de Reserva del que ayer la Seguridad Social sacó 3.500 millones de euros para abonar la paga extra de los pensionistas.

Además, Bravo sugirió otras medidas que provean de más ingresos al sistema, como que el Estado asuma en sus presupuestos las bonificaciones que en cotizaciones sociales se hagan en determinados contratos, por ejemplo para el empleo juvenil, o que financie a través de ingresos impositivos prestaciones que tienen un carácter asistencial, como determinadas pensiones de viudedad o de orfandad. El catedrático de Economía Felipe Serrano explicó la semana pasada ante el Pacto de Toledo que el sistema de Seguridad Social ahorraría 2,5 puntos del PIB (25.000 millones de euros al PIB actual) si el Estado asumiera las pensiones de viudedad.

Ayer acudían al Pacto de Toledo los representantes sindicales para enjuiciar el informe de los expertos y la reforma de las pensiones. Tanto UGT como CC OO rechazaron el informe y defendieron la actualización de las pensiones con el IPC, pero CC OO fue más proclive a adoptar medidas inmediatas. Un miembro de CC OO, Miguel Ángel García, director del Gabinete de Estudios del sindicato, apoyó el informe aunque con un voto particular donde defendía que el factor de sostenibilidad no empezara a aplicarse en 2014 sino en 2019. Un apoyo que provocó una crisis interna en CC OO. García declinó comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo y Carlos Bravo reiteró que el sindicato no se siente vinculado por el informe.

La aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones «no es urgente ni necesaria», a juicio de la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López. La representante de UGT matizó que el pronunciamiento de los agentes sociales debería hacerse, en realidad, sobre la propuesta del Gobierno y reclamó que el Ejecutivo la presente ya.

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, López afirmó que el Comité de expertos se ha «excedido» del encargo del Gobierno diseñando dos factores «de los más duros» que existen y con «graves consecuencias» para los pensionistas actuales y futuros.

Según UGT, si se pusieran en marcha los dos factores de sostenibilidad propuestos por los expertos (el de equidad intergeneracional y el de revalorización anual), se provocaría «una disminución inmediata y continuada de la cuantía de la pensión, tanto en términos reales como nominales» ya sea en el momento de acceder a la jubilación o al actualizar las pensiones. El sindicato que lidera Cándido Méndez considera que no existen argumentos que puedan justificar «un recorte excesivo y exagerado de las pensiones», que generará más pobreza.

La secretaria de Política Social de UGT explicó que el déficit de la Seguridad Social «no ha sido creado por la legislación o normas del sistema» sino por las medidas de recortes y la destrucción de empleo. Con las normas del sistema, desde 1995 hasta marzo de 2012, el sistema generó superávit. Respecto a la esperanza de vida, López destacó que en 2012 se ha reducido, pasando de 20,7 años a partir de los 65 años que había en 2011 a 20,5 años. El año pasado fallecieron en España 405.615 personas, un 4,6% más que en el anterior, en lo que es el mayor incremento de la década. Un deterioro al que no son ajenos los recortes y la política de austeridad, según el British Medical Journal.