Los políticos ponen líneas rojas a la reforma en pensiones

El debate sobre la reforma de las pensiones ya está en el Parlamento. Presionado por Bruselas, el Gobierno quiere aprobarla cuanto antes y cuenta con tener el proyecto de ley antes de que acabe julio. Una urgencia a la que se resisten el resto de los grupos parlamentarios que defienden una negociación sosegada. Más si cabe cuando el ministerio no ha presentado aún su propuesta, sino que se ha limitado a amagar con el informe del comité de expertos que marca una dirección clara de ajuste. Y de tal calibre que el Gobierno tendrá que modificar sustancialmente la propuesta de su comité de expertos si quiere lograr el apoyo de otros grupos parlamentarios. De llevar adelante los dos factores de sostenibilidad que aparecen en el informe -el de equidad intergeneracional, que ajusta la cuantía de la pensión inicial en función de la esperanza de vida; y el de revalorización anual, que determina si suben o bajan cada año las prestaciones teniendo en cuenta los ingresos del sistema-, el PP no cuenta, en principio, con el apoyo de ninguno de los otros grupos parlamentarios. Incluso, desde el PNV alertan contra una posible inconstitucionalidad.

Otro de los elementos que habrá que negociar es la entrada en vigor. El Gobierno tiene más fácil retrasar la aplicación del factor de equidad intergeneracional (FEI) al menos hasta 2019. Su efecto inmediato sobre el sistema es muy pequeño: unos 70 millones de euros anuales, pues al año se incorporan alrededor de 250.000 pensionistas y el impacto inicial del FEI recortaría la cuantía el primer año unos 20 euros mensuales por cada nuevo pensionista, según los cálculos que manejaron los expertos. Lógicamente, ese impacto es acumulativo y con el paso de los años acaba siendo relevante.

Aplicar la propuesta del comité de expertos supondría una rebaja de las pensiones. Para los nuevos pensionistas por dos vías: La primera, al acceder al sistema porque su pensión sería menor en cuantía, pero también en porcentaje respecto al salario que hasta su retiro estaba cobrando, es lo que se denomina tasa de sustitución. El portavoz de UPyD en el Pacto de Toledo, Álvaro Anchuelo, sostiene que aunque los expertos consideran alta la actual tasa de sustitución (en torno al 80%), debería garantizarse el 70% o más y «sería inaceptable bajarla al 50%».

La segunda vía de recorte propuesta por los expertos es que ya no se actualizarían con el IPC para garantizar su poder adquisitivo, sino que se revisarían en función de una fórmula que tiene en cuenta la evolución de ingresos y gastos del sistema; un sistema que actualmente está en déficit (15.000 millones este año). La portavoz del Partido Popular en el Pacto de Toledo, Carolina España, asegura que «no se trata de reformar el sistema para bajar las pensiones, sino de ajustarlas para pagarlas en el futuro». El portavoz de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, lo ve de otra manera: «Lo único que puede explicar las prisas del Gobierno es que pretenda imponer un cambio en el sistema de revalorización de las pensiones que las baje un año tras otro».

Y el ajuste podría llegar a ser inconstitucional. La Carta Magna establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». El portavoz del PNV Emilio Olabarría recomienda al Gobierno ser «muy cauto» en su reforma porque puede acabar topándose con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la «suficiencia» de las pensiones. El TC debe pronunciarse sobre el recurso presentado por todos los grupos parlamentarios -menos el PP- contra la no revalorización de las pensiones decidida por el Gobierno el año pasado.

La no actualización de las pensiones con el IPC sí que tendría efectos relevantes e inmediatos y afectaría a pensionistas presentes y futuros. En el informe de los expertos y desde el Gobierno se plantea que no haya rebajas nominales para los pensionistas actuales (los que se vayan incorporando no tendrían esta salvaguarda), pero eso no significa que no puedan perder poder adquisitivo. De hecho, con las simulaciones del informe sí lo pierden en épocas de crisis. La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, rechaza eliminar la revalorización con el IPC que fija la ley actual. «No es lo mismo que en momentos de crisis haya habido dos años sin actualización que cargarse la fórmula. Ese es el ajuste más duro y es un intento del Gobierno para lograr el déficit cero. Por eso quiere hacerlo ya el año que viene», dice.

Aumentar ingresos

Aunque en el informe de los expertos apenas se dedican unas líneas -incorporadas en el último momento- a esta medida, es una de las más reclamadas por los grupos parlamentarios. Todos los consultados se muestran favorables a aumentar los ingresos de la Seguridad Social. El PNV propone destopar las bases máximas de cotización y las pensiones máximas. El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, también apoya el destope e incluir en el cálculo los pagos en especie, así como financiar parte de la estructura administrativa de la Seguridad Social con los Presupuestos del Estado. Y no rechaza estudiar que se paguen con impuestos algunas de las prestaciones. Como la propuesta que realizó el catedrático de economía Felipe Serrano ante la Comisión del Pacto de Toledo: que las pensiones de viudedad pasen a ser cubiertas con ingresos impositivos y no con cotizaciones sociales, como se ha hecho en Alemania o Suecia.

Eso permitiría un ahorro de 2,5 puntos del PIB (25.000 millones a PIB actual) en el sistema de la Seguridad Social. La portavoz del PP acepta «estudiar todas las opciones posibles» para aumentar los ingresos y recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que ha completado la separación de fuentes de financiación.