LA PEOR SOLUCIÓN

Les recuerdo la historia. Los astilleros europeos se encuentran incapaces de enfrentarse a pecho descubierto contra la creciente y apabullante competencia de los países del lejano oriente. Como es un sector de síntesis, con una gran incidencia sobre el empleo y la generación de riqueza en su entorno geográfico a través de la industria auxiliar que gira a su alrededor, los gobiernos de las naciones afectadas empiezan diseñar políticas de apoyo, a través de ayudas públicas. Preocupadas por la deriva de los acontecimientos, las autoridades europeas intervienen tratando de poner orden en estas ayudas y evitar que los principios generales de la libre competencia queden pisoteados no solo frente al exterior, sino entre nosotros mismos.

Tras diversos intentos, al final, se admite un sistema general, de elaboración tortuosa, pero que al menos era más o menos similar. La fórmula permite canalizar ayudas hacia los astilleros, mediante la concesión de incentivos fiscales a empresas ajenas al sector, pero con beneficios, a través del juego de las amortizaciones. Esas ventajas compensaban el extra de precio (sobre la competencia) de la contratación a astilleros europeos, que obtenían trabajo para sus gradas.

Algunas de las legislaciones nacionales han sido puestas en cuestión por Bruselas, al considerar que sobrepasaban los límites admitidos. Así, Francia se vio obligada a suspender su esquema, pero no le impusieron la devolución de lo ya concedido. En el caso español, Bruselas amenazó con ambas cosas. Como las empresas intermediarias repercutirían el estropicio sobre los astilleros, estos estaban condenados a su cierre. Ante la respuesta airada e indignada de sindicatos, patronales y gobiernos afectados, el comisario Almunia avanzó el jueves en Madrid una solución (?) que, sin duda alguna es la peor de todas. Obliga a devolver las ayudas, lo que abre la puerta a un sinfín de reclamaciones. Primero de las intermediarias contra los astilleros. Si la UE pretende evitarlo, las reclamaciones irían contra Hacienda por resultar fallida una regulación adoptada de buena fe por parte de todos. Y, lo más grave, los astilleros tendrían que cerrar. Primero por la imposibilidad de competir contra la competencia exterior y, después, ante la inevitable ausencia de pedidos que provocaría esta intolerable inseguridad jurídica.

Está claro que no todo vale para salvar a empresas o sectores incapaces de seguir el ritmo competitivo que imponen las circunstancias y que la legislación europea está para ser cumplida. Pero echar sobre los hombros de las empresas la obligación del control legal de las normas emitidas por el Estado y las diputaciones es una desmesura, por más que la ignorancia de la ley no excuse de su cumplimiento, como ha interpretado ya algún tribunal. Y es también un despropósito rehacer a estas alturas una situación que, de ser anómala, debería haber sido reconducida hace años. La UE no puede dejar que se produzcan actuaciones ilegales durante tanto tiempo y pretender ahora que nada ha sucedido y que se vuelve al momento inicial.

Entretanto ha habido contratos firmados, barcos construidos, salarios pagados, cuentas cerradas y balances presentados. ¿Nada de eso es relevante? ¿Podemos hacer tabla rasa de todo ello? El comisario Almunia debe impedir que se consume este atropello. No porque sea de Las Arenas, sino porque es de justicia. Seguro que sus asesores holandeses encuentran otros estropicios para entretenerse con ellos y practicar sus ansias justicieras.