Díaz Ferrán y sus socios han seguido aprovechándo se de sus bienes ocultos hasta hoy

Dos años después de declararse el concurso de acreedores del Grupo Marsans y 17 meses más tarde de que la Audiencia Nacional abriera diligencias contra sus máximos responsables, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la compañía y de la CEOE, y su socio Angel de Cabo, conocido liquidador de empresas, seguían aprovechándose hoy en día del patrimonio que fueron ocultando hasta su detención el pasado 3 de diciembre. Así lo admite el juez instructor del caso, Eloy Velasco, en una resolución conocida ayer, por la que ordena la administración judicial de hasta 35 sociedades que han venido utilizando para «esconder» sus activos reales a los acreedores.

Unas prácticas de las que también participó hasta su fallecimiento Gonzalo Pascual, excopropietario de Marsans, y de la que luego se habrían ido aprovechando sus herederos, también imputados en esta causa. Para el juez, existen «numerosos indicios» que apuntan a que «en su día concertaron un plan con fines presuntamente fraudulentos», cuyo fin era «alzar y ocultar bienes desde junio de 2010», es decir, desde el momento en que las acciones del grupo turístico fueron traspasadas a De Cabo y poco antes de que se declarara su procedimiento concursal.

Velasco, que cita hasta una decena de «maquinaciones» distintas con las que fueron detrayendo bienes, revela que «se han encontrado diversos almacenamientos de activos por millones de euros» en España y el extranjero, tanto en cuentas como mediante empresas interpuestas, «algunas en países con extrema opacidad o en paraísos fiscales».