Los notarios desmienten la versión de Montoro sobre las fincas de la infanta

Los notarios no están dispuestos a que Hacienda les convierta en la cabeza de turco del lío de las fincas de la infanta. El Consejo General del Notariado desmintió las explicaciones del ministro Cristóbal Montoro, que culpó a los notarios del error en once de las trece propiedades que la Agencia Tributaria atribuyó por equivocación a Cristina de Borbón. La respuesta del notariado: ni una sola de esas escrituras contenía fallo alguno y, solo en tres de ellas podía haber datos que condujeran a cierta confusión que, en cualquier caso, habrían sido subsanadas de inmediato si Hacienda hubiera hecho el más mínimo esfuerzo de comprobación.

Las explicaciones del Ministerio de Hacienda levantaron ampollas, además de los notarios, entre los registradores, sobre todo por la acusación de que éstos habían sido los que «erróneamente» habían atribuido al DNI 14, el de la duquesa de Palma, las ventas entre 2005 y 2006 de trece inmuebles en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, Pilar de la Horadada; en el municipio barcelonés de Calella; y el pueblo ciudadrealeño de Valenzuela de Calatrava. Unas operaciones que, según Hacienda, le reportaron unos beneficios de 1,4 millones de euros.

Para los notarios, la versión de Montoro no se ajusta a la verdad. «En ninguna de ellas figura la infanta Cristina como propietaria o titular de derecho alguno», explicó el órgano rector de los fedatarios, que recordó que así se le comunicó al juez José Castro un día después de que éste pidiera explicaciones. El consejo, tras reclamar información al Órgano de Colaboración Tributaria, que es el encargado de facilitar las informaciones al fisco, aseguró «que en los datos remitidos relativos a la escritura de compraventa existió ningún error», a diferencia de los que sostiene Hacienda.

Admitió, eso sí, que pudo haber habido confusión en la transmisión de «datos electrónicos» de tres de estas propiedades -en ningún caso once, como arguye la Agencia Tributaria-. El Notariado explicó que todas estas operaciones responden a herencias en las que «la ley no impone la obligación de solicitar e incluir el NIF del fallecido en la redacción de la escritura pública, dato que por el contrario sí se exige para la confección de la ficha electrónica».

Solo en una de estas fichas y solo en el proceso de transmisión de datos, efectivamente se incluyó el número 00000014 sin letra, en un campo como NIF del fallecido. En las otras dos fichas que pudieran haber dado lugar a algún tipo de confusión porque aparecía el dígito 14, «en ningún momento se indicó que dicho número correspondiera a un NIF, puesto que se incluyó en un campo denominado 'otros'».

Jamás comprobaron

En cualquier caso, apuntó el organismo, una simple consulta de Hacienda podía haber resuelto de inmediato el entuerto. «Habría bastado con consultar el contenido íntegro de estas tres fichas electrónicas o solicitar al Órgano de Colaboración Tributaria del Notariado la copia de esas tres escrituras de aceptación y manifestación de herencia para comprobar que se trataba de un error material», explicaron los notarios.

A pesar de las evidencias de que Hacienda jamás comprobó las ventas que se imputaban a la infanta y que la Agencia Tributaria nunca le reclamó el tributo por esas falsas enajenaciones, lo que de inmediato hubiera descubierto el error, el departamento que dirige Cristóbal Montoro a través de varios portavoces se esmeró en explicar que todos los miembros de la Familia Real y sus declaraciones son sometidos a los mismos controles que el resto de los contribuyentes españoles.

Las explicaciones de Hacienda no convencieron ni a la Fiscalía General del Estado. Su máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce, advirtió ayer de que a su departamento no le vale el comunicado de la Agencia Tributaria para dar por zanjado el asunto. «No nos vamos a quedar cruzados de brazos diciendo que se trata de un error de Hacienda. Si se nos dan las explicaciones correspondientes, las aceptaremos, porque se pueden cometer errores, pero si eso ha podido tener un trastorno procesal, lo analizaremos», apuntó.