El Gobierno celebra una reforma de la PAC que divide a las organizaciones agrarias

El Gobierno calificó ayer de «muy positivo» el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE para reformar la Política Agrícola común (PAC), que contempla ayudas directas al campo español para el período 2014-2020 por 35.705 millones de euros, más 8.921 millones para desarrollo rural y otros 3.000 millones para medidas de mercado. El ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, expresó su «satisfacción» tras una negociación en la que «España ha conseguido la práctica totalidad de sus reivindicaciones». La acogida del acuerdo fue desigual entre las organizaciones agrarias, que en sus valoraciones utilizaron calificativos tan opuestos como «beneficioso» y «lesivo» para el campo. De ahí que la oposición pidiera al Gobierno que «rebaje la euforia».

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cree que la reforma aprobada «sigue siendo muy lesiva para los profesionales del campo», porque «reduce el presupuesto comunitario» para agricultura un 13% en relación con 2007-2013. COAG también criticó que la nueva PAC se centre en la política de ayudas «a costa de desmantelar los instrumentos de regulación de los mercados y la preferencia comunitaria» respecto de productos de otros países.

En sentido contrario, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) expresó su satisfacción por considerar el acuerdo «beneficioso» y «positivo». Su presidente, Pedro Barato, resaltó las mejoras logradas en la negociación frente a las pretensiones iniciales de Bruselas, que tachó de «perjudiciales». Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos admitió «avances importantes» respecto de las propuestas iniciales, pero recalcó que «aún queda mucho por resolver».

«Tasa plana» por hectárea

El acuerdo, logrado tras tres días de negociaciones, establece un apoyo presupuestario comunitario al sector agrícola español que supera los 47.000 millones. A esa cantidad hay que sumar, explicó Arias Cañete, la cofinanciación nacional prevista para las medidas de desarrollo rural, lo que elevará la cifra a 51.000 millones. Ningún otro sector de la economía española, resaltó, tiene tal cantidad de apoyos -que suponen casi el 30% de la renta agraria- garantizados de aquí a 2020.

El Gobierno explicó que su segunda meta era evitar una reducción drástica de la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar los 38 millones de hectáreas, 16 millones más de las ahora declaradas. El acuerdo alcanzado limita la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de hectáreas, es decir, la superficie declarada en 2011. Según Arias Cañete, no haber logrado la limitación habría provocado un recorte de la ayuda media por hectárea de 229 euros a 126, un 42%.

El tercer gran objetivo era impedir que España tuviera que aplicar una «tasa plana» (ayuda por hectárea igual para todos los productores de un país o región en un proceso de convergencia interna plena). Una iniciativa que, según Arias Cañete, habría llevado a que «todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y costos, recibieran ayudas idénticas, lo que habría conducido a que sectores que las necesitan las perdieran y otros que no precisan aumentos para ser rentables vieran incrementado el apoyo comunitario».

Con el acuerdo alcanzado «desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019». Los pequeños agricultores que reciben hasta 1.250 euros anuales (881.000, el 46% del total de perceptores) no estarán sujetos a la convergencia interna. Tampoco están obligadas a convergencia interna las ayudas acopladas percibidas por agricultores y ganaderos (637 millones, 13% del total). El mínimo de convergencia interna se fija en el 60% de la media de cada región que se establezca (Agricultura calcula que se crearán unas 40).