Prevenir la corrupción en vez de castigarla

El derecho penal es el arma para castigar la corrupción. Cuando se recurre a ella significa que el daño ya está hecho. Es por ello por lo que los expertos insisten en la necesidad de la actuación preventiva. Una fórmula para la que se hace necesaria una profunda reforma en el funcionamiento de las administraciones públicas.

El primer asunto a tratar debe ser el Tribunal de Cuentas, como defendió el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt durante la jornada 'La corrupción política. Propuestas de medidas legislativas', celebrada en el Consejo General de la Abogacía. Este órgano es el encargado de fiscalizar las cuentas del sector público y los partidos. Pero, según resalta Queralt, «sus informes se emiten con un retraso de hasta siete años cuando el delito puede haber prescrito».

Por ello, el catedrático pone énfasis en dotar de mayor agilidad y poder sancionador al Tribunal de Cuentas. Pone como ejemplo el funcionamiento de su homólogo francés, que tiene potestad para despojar a un diputado de su acta si seis meses después de ser elegido detecta alguna irregularidad en sus gastos electorales. Otro desafío del Tribunal de Cuentas está en su independencia. Queralt de nuevo remite a Francia, donde «los funcionarios no temen dar un palo al Estado», dice.

La prevención afecta al ámbito local. Primero fortaleciendo en los ayuntamientos el papel de los técnicos frente al de los políticos. El segundo adopta la decisión pero debe ser el primero el que la ejecute. Otro aspecto crucial es el de la financiación. «Los municipios españoles son los que más competencias tienen de Europa; sin embargo, no se les da el dinero suficiente para desarrollarlas», mantiene Queralt, que asocia este problema con la necesidad de vender suelo. Un recurso habitual y que ha sido uno de los principales focos de corrupción de los últimos años, añade.