El expresidente del Tribunal de Cuentas y Lapuerta dirigían la comisión de obras del PP

El expresidente del Tribunal de Cuentas hasta hace solo un año, Manuel Núñez Pérez, fue el máximo responsable de la comisión de infraestructuras del PP, un órgano cuya existencia fue revelada por uno de los empresarios imputados en los papeles de Bárcenas, según confirmaron fuentes judiciales. Esta comisión no figura en el organigrama del partido ni sus integrantes son elegidos en los congresos, como ocurre con todos los órganos internos. Pero el hecho de que haya sido mencionada en los interrogatorios ha levantado sospechas entre las acusaciones del caso.

Manuel Núñez, un histórico que ha pasado por UCD, Alianza Popular y el PP, ministro de Sanidad de Leopoldo Calvo-Sotelo y diputado nacional desde 1977 hasta 2001, presidía esa mesa de contratación de obras en la que también participaban el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, jefe de Luis Bárcenas, y el apoderado de la constructora Rubau Antonio Vilela, entre otros.

El expresidente del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado entre 2007 y 2012, cuando fue sustituido por Ramón Álvarez de Miranda, entró en el Tribunal de Cuentas en 2001 como consejero a propuesta del PP tras dejar su acta de diputado. Es decir, Núñez estuvo 12 años en la institución que supervisa la contabilidad de los partidos, entre ellos el PP, y podría haber conciliado su cargo con la presidencia de una clandestina comisión de obras, según fuentes judiciales.

Su nombre saltó a la palestra el pasado 29 de mayo, en la declaración del imputado Vilela ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de la causa de supuesta financiación irregular de los populares. El apoderado de la constructora Rubau confesó, ante la sorpresa de los presentes, que formaba parte de una «comisión de infraestructuras» junto a Lapuerta y Núñez, entre otros nombres que se conozcan hasta ahora. Lo hacía como asesor del PP, partido en el que milita desde hace años y al que llegó a entregar 63.000 euros como donativo en 2007 a «título personal», según declaró.

Sospechas

En su comparecencia identificó a su «contacto» en el partido como Manuel Núñez. «Él era el presidente de la comisión de infraestructuras», aseguró al instructor de los papeles de Bárcenas. Asimismo, dijo que realizó labores de asesoría que nunca cobró y concretó que elaboraba informes verbales o escritos correspondientes a adjudicaciones de todas las administraciones públicas gobernadas por el PP. Los querellantes en la causa de los papeles de Bárcenas sospechan que la tarea de esta comisión iba más allá de lo revelado por Vilela. Esto es, informes sobre las contrataciones de obra pública en los gobiernos populares, tanto del central como de los autonómicos y locales. «¿Por qué se encontraba en esa mesa Lapuerta o el apoderado de una constructora?», se pregunta una fuente de la acusación. «Lo primero es conocer la relación del sistema de contratos con la tesorería nacional», añade.

Entre la nueva batería de diligencias que pidieron el pasado jueves los querellantes de Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados, Los Verdes y Ecologistas en Acción están los requerimientos al PP para que aclare las funciones de esta comisión. En concreto, para que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, o el representante legal de los populares certifique «la existencia de este órgano o conjunto de personas que componían la comisión de infraestructuras interna del partido, aclarando su composición, identificación de sus miembros, fecha de creación, funciones, reuniones mantenidas, así como que se aporten las actas o documentos que la misma o cualquiera de los componentes de ésta hayan elaborado».

Se trata, en suma, de un órgano fantasma que nadie dice conocer en la dirección del Partido Popular, pero que el apoderado de la constructora Rubau desveló en su declaración. Un nuevo flanco que hace aún más compleja la investigación de la supuesta financiación irregular de los populares.