El Gobierno estima que la reforma de la administración ahorrará 37.700 millones

Soraya Sáenz de Santamaría dio a conocer ayer el dato que había guardado como oro en paño y que explica, por sí solo, la envergadura de la reforma de las administraciones públicas. El Gobierno calcula que entre este año y 2015 se ahorrará 37.700 millones de euros en una operación de adelgazamiento del sector público que, según destacó la vicepresidenta, no tiene parangón en Europa.

El Ejecutivo pretende ahorrarse esa cantidad mediante la suma de tres factores. Por un lado, unos 22.000 millones procedentes de la racionalización de las estructuras públicas y de la eliminación de duplicidades que se recogen en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). Una cuantía que Sáenz de Santamaría ha diferenciado a su vez en dos partes: 6.500 millones de ahorro para las administraciones públicas, en especial para las arcas de las comunidades autónomas, y 16.300 millones que los ciudadanos dejarían de gastar gracias a la modernización del sector público.

El segundo capítulo de ahorro ascendería a 8.000 millones de euros y procedería de la controvertida reforma de la administración local. La suma total se completaría, finalmente, con 7.700 millones que se lograrían mediante las medidas adicionales al ajuste de empleo público, como la tasa de reposición cero de funcionarios, salvo un 10% en los casos excepcionales de las fuerzas de seguridad del Estado y los inspectores fiscales para la lucha contra el fraude, la movilidad interdepartamental de trabajadores y la disminución de empleados públicos por la supresión o refundición de empresas y organismos públicos. Todo para volver a los niveles de trabajadores de la administración de 2005.

Un minucioso plan que puede desmoronarse como un castillo de naipes si las comunidades autónomas rechazan las recomendaciones de la CORA, que supone la parte del león de este ahorro con los 22.000 millones de euros previstos.

Lealtad institucional

Sáenz de Santamaría no solo eludió valorar cualquier posible rechazo de los presidentes autonómicos a este plan, sino que subrayó la lealtad institucional que han demostrado los gobiernos regionales con los programas de ajuste para reducir el déficit. «Esta reforma va más allá del cierre de organismos públicos, haremos política de país todos juntos», resaltó.

Una idea en la que abundó Cristóbal Montoro, que acompañó a la vicepresidenta del Gobierno en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. El titular de Hacienda reclamó que la sociedad pondere de manera adecuada el hecho de que todas las administraciones públicas lograran el año pasado la mayor reducción del consumo público -gastos de personal y gastos de compras de bienes y servicio- de la historia de España. «Nunca se había hecho ese esfuerzo por parte de las administraciones públicas reduciendo sus gastos de mantenimiento, en tasa interanual, del orden del 5%», remachó.

Para avanzar en esta senda, la vicepresidenta expuso la necesidad de poner fin a las duplicidades entre administraciones. Una contingencia que, a su juicio, va más allá de la mera eliminación de órganos. «Es una nueva filosofía de la colaboración que va a crear fuentes de información únicas, que racionalicen observatorios, órganos y agencias que se solapan».

El Gobierno quiere evitar que todo el «gigantesco» trabajo recopilado en el informe de la CORA con un mapa detallado de la administración en España se quede en papel mojado. Es una reforma bien vista por la Comisión Europea y, además, contenta a los votantes del PP que reclamaban un mayor ajuste en la administración. El PSOE también ha mostrado su predisposición a llegar a un acuerdo en la materia. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó la creación la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que tendrá coste cero porque sus tareas las asumirán funcionarios y técnicos de los Ministerios de Presidencia y Hacienda. Este organismo realizará un informe trimestral sobre el cumplimiento de las medidas propuestas y otro anual, más a fondo.

Sáenz de Santamaría defendió que no ha habido contrataciones para llevar a cabo esta macroauditoría. «Es un trabajo hecho por la administración y para la administración».