Rajoy pide a las autonomías eliminar sus defensores del pueblo y reducir diputados

Soraya Sáenz de Santamaría tomó ayer el relevo de Mariano Rajoy en la tarea de explicar las 217 propuestas que ha realizado la Comisión para la Reforma de la Administraciones Públicas (CORA) para reducir el gasto público en más de 8.000 millones de euros. Una iniciativa que, según la vicepresidenta del Gobierno, no tiene «ni sello ideológico ni territorial». El informe, que analizará hoy el Consejo de Ministros, no contiene recomendaciones específicas para ninguna comunidad, sino que afecta por igual a todas las administraciones.

El Gobierno plantea la «supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional como las asambleas legislativas o los defensores del pueblo», según consta en el informe de la CORA al que ha tenido acceso este periódico. Una senda que ya han explorado María Dolores de Cospedal, que en esta misma legislatura ha liquidado el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y ha dejado sin sueldo a la mayoría de los parlamentarios autonómicos, o Alberto Núñez Feijóo e Ignacio González, que han puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir diputados autonómicos en Galicia y Madrid.

Once comunidades autónomas tienen en la actualidad Defensor del Pueblo, institución que tiene especial relevancia en Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco. El Ejecutivo insiste en que la premisa central es «poder seguir prestando el mismo servicio, con igual o mejor calidad, a menor coste». La CORA calcula que se produciría un ahorro importante con la desaparición de estas instituciones autonómicas pese al incremento presupuestario que debería tener la institución que ahora preside Soledad Becerril, que debería responder a un mayor volumen de quejas por la desaparición de esta figura en las autonomías.

Sáenz de Santamaría, durante unas jornadas informativas sobre esta reforma, en la que también participaron los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, insistió en que las tres administraciones deben aprender a «trabajar y a planificar juntas» para mejorar un servicio público que, a su juicio, ya está entre los mejores de Europa. La número dos del Ejecutivo adelantó que el Estado reformaría 57 organismos públicos de su competencia y que instaría a los gobiernos regionales a suprimir 90 observatorios, la mayoría de ellos de titularidad autonómica o local.

Las iniciativas de la CORA, que según fuentes del Gobierno podría culminarse en 2016, también plantea un amplio catálogo de prestaciones públicas en las que también sería muy beneficioso compartir gastos. «Desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos».

Además del Consejo de Ministros, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá en la primera semana de julio, también analizará el trabajo de la CORA, que se inició hace casi ocho meses tras acuerdo de la Conferencia de Presidentes. Pese a que algunos representantes autonómicos han mostrado en público su malestar por la falta de información que han padecido durante el proceso de eleaboración de este decisivo informe, un portavoz de la Moncloa indicó que ningún gobierno regional había comunicado de manera oficial ese descontento.

Ventajas

El Gobierno pondrá en marcha desde hoy las 78 recomendaciones de la CORA que afectan de manera exclusiva a la Administración General del Estado. Pero esta reforma puede trastabillar si ayuntamientos y comunidades autónomas, con potestad para rechazarla, no la ponen en práctica.

Tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría inciden en que buscarán con ahínco y lealtad el acuerdo entre todos. ¿Qué ocurrirá si fracasa en el intento? El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esbozó el plan B del Gobierno. Las comunidades autónomas que cumplan con las recomendaciones de adelgazamiento del sector público y acaben con las duplicidades competenciales tendrán un trato más ventajoso a la hora de negociar el margen de incremento de su déficit durante los dos años de plazo que ha dado a España la Comisión Europea.

Otro miembro del Ejecutivo intentó suavizar este planteamiento, aunque sin desautorizarlo, al exponer que cuando una comunidad comunique al Gobierno que no ha podido cumplir con la reducción del déficit que le obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ejecutivo podrá sugerirle en qué partidas puede recortar basándose en la guía de las propuestas de la CORA.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria dota al Gobierno de herramientas de presión como multas o, incluso, la posibilidad de intervenir aquellas comunidades autónomas que no reduzcan sus números rojos.

El Ejecutivo, sin embargo, considera más probable que se establezca ahora el mismo nivel de colaboración que se produjo durante el año pasado, cuando todas las administraciones hicieron «un gran esfuerzo» para reducir el déficit.