El experto que se abstuvo en la reforma de las pensiones critica las 'prisas' del Gobierno

El único miembro del grupo de expertos para la reforma de las pensiones que se abstuvo en la votación de su informe, José Luis Tortuero, estuvo a punto de dimitir por las 'urgencias' del Gobierno para hacer unos cambios que, en su opinión, deberían haberse meditado más. Para este catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, unas modificaciones del calado como las que se pretenden hacer hubieran merecido «otro mandato (por parte del Ministerio de Trabajo) y otra sentencia (por parte de sus colegas, que respaldaron por una amplia mayoría unas conclusiones que han resultado polémicas).

«Me planteé retirarme», reconoció Tortuero ayer en su comparecencia ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que deberá decidir sobre los detalles de dicha reforma, comprometida por el Ejecutivo ante la Comisión Europea y que debería estar lista para el próximo otoño. No obstante, uno de los pocos juristas de ese comité de expertos decidió seguir en el grupo «por motivos éticos» y «por todo lo que he defendido a lo largo de mi vida».

El principal problema que aprecia para los cambios que se pretenden hacer en el sistema de pensiones es que no cree que el actual marco, aún en recesión económica, con una tasa de paro disparada y una pluralidad de ajustes presupuestarios, «sea el más adecuado». En cualquier caso, sí propuso hacer cambios en el propio ordenamiento jurídico español para compensar la coyuntura.

A diferencia de otros tres compañeros suyos del comité que también contestaron ayer a las preguntas de los diputados -Rafael Doménech, Mercedes Ayuso y José Enrique Devesa-, sostuvo que tratar de definir ahora un índice de corrección para un sistema que «no ha sido perfeccionado previamente» es como «comenzar la casa por el tejado». No obstante, sus colegas sostuvieron que dicho factor de sostenibilidad, junto al resto de las fórmulas propuestas en el informe, permitirían el crecimiento de las pensiones a medio y largo plazo, y tanto en términos reales como de poder adquisitivo, siempre que se dé un escenario económico medio. Añadieron, además, que incluso en caso de menor población resultarían inocuas.