Las autonomías desconocen la reforma de la administración que presenta hoy Rajoy

Ni a extraños, pero tampoco a propios. Mariano Rajoy presenta hoy la reforma de las administraciones públicas, una de sus promesas electorales más relevantes, sin haber consultado antes a ningún presidente regional. Ni a los del PP ni a los líderes de su partido en comunidades autónomas gobernadas por otras formaciones.

El presidente del Gobierno, escarmentado del rechazo que generó su propuesta para podar los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios -centralizado por la FEMP, presidida por el alcalde popular del PP, Íñigo de la Serna-, ha decidido tirar por la calle del medio y avanzar con la reforma sin consultar a los gobernantes autonómicos pese a que conforman el colectivo al que más afecta esta nueva ley porque el recorte va a afectar a numerosas entidades e instituciones autonómicas. «Es realmente inadmisible porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar», comenta un presidente regional.

Una estrategia que, fuentes cercanas al Gobierno, achacan a la necesidad que tiene el presidente del Gobierno de ganar tiempo para evitar cumplir dos de las más espinosas recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea como condición previa a la concesión de una prórroga de dos años para cumplir con el objetivo de situar el déficit público por debajo del 3%. En concreto, la Moncloa pretende ofrecer a Bruselas el sacrificio que supondrá el recorte del tamaño de las administraciones a cambio de no tener que aumentar la edad actual de jubilación ni reducir el tiempo ni los beneficiarios de la prestación por desempleo.

El líder del PP, además, se enfrenta a una posible rebelión interna de sus barones, aunque varios dirigentes populares han vaticinado que los presidentes autonómicos será «más leales que los alcaldes» y que, pese a las discrepancia, al final apoyarán lo que plantee el Ejecutivo, aunque no lo consideren lo más idóneo.

Antes de plazo

Pese a este desconcierto, Rajoy presentará las conclusiones del informe para la reforma de las administraciones públicas que durante casi nueve meses ha elaborado una comisión de expertos. El presidente mantendrá una reunión con los integrantes de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas una vez concluido su trabajo, coordinado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para el que tenía de plazo hasta el 30 de junio. El 30 de mayo el jefe del Ejecutivo ya tuvo un encuentro con la comisión que preside el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez de Renovales, en la que tuvo conocimiento del transcurso de los trabajos.

Los sindicatos, por su parte, quieren un consenso amplio. El CSI-F, la central gremial con más representantes en el sector público, reclamó ayer a las fuerzas políticas y agentes sociales «valentía y altura de miras» para alcanzar un acuerdo básico que permita definir un modelo de administración «estable y eficaz, frente a los errores y los excesos cometidos en la gestión pública». CSI-F recalca que los empleados públicos han sido responsabilizados «injuntamente» del gasto y, sobre todo, que ya han cubierto el cupo de destrucción de empleo, «con al menos 250.000 puestos de trabajo menos en año y medio».