UGT y CCOO obtuvieron «financiación irregular» de los ERE durante una década

Los ERE investigados por la jueza Mercedes Alaya aportaron «financiación irregular» a los sindicatos UGT y CCOO durante una década. La magistrada calcula que percibieron de 2001 a 2010 un total de 7.648.815 euros de las aseguradoras Uniter y Vitalia. Así lo afirma el auto de prisión dictado contra José González Mata, dueño de Uniter, a quien considera un personaje clave en «el saqueo de las arcas andaluzas» realizado «con la indiciaria connivencia» de sindicatos, cargos públicos de la Junta de Andalucía y del despacho de abogados Villasís.

La actuación «decisiva» de los sindicatos se cifra en información previa de las empresas en crisis, facilitación del proceso y remuneración posterior. UGT y CCOO «habrían impuesto indiciariamente de manera arbitraria e ilegítima» las comisiones «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial», a pesar de que estos pagos «no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara».

De este modo, los sindicatos percibieron 3.253.031.61 euros de Uniter; 4.291.384,10 de Vitalia y 104.400 de Estudios Jurídicos Villasís. Un total de 7.648.815 euros.

Los pagos se canalizaron a través de Atlantis Asesores, de CCOO, entidad a la que se sumó ASP Asesoramiento Seguros, de UGT, en 2007. Percibió 1.538.268,09 euros, que «amén de no retribuir contraprestación alguna, procedería de los fondos destinados por la Junta de Andalucía para el abono de las subvenciones sociolaborales» y «abonaría la intervención de Uniter en futuros expedientes».

También se pagó a la Federación Minerometalúrgica de CCOO, y a las ugetistas Temiqui, ITG y Federación Agroalimentaria de Cádiz.

En su interrogatorio González Mata dice que «todo el mundo tiene un broker y cobra un porcentaje». Preguntado por qué pagó hasta cuatro comisiones por una misma póliza, indica que «puede ser un pago escalonado».

El auto menciona «el concierto necesario» de los directores generales de Trabajo Guerrero y Márquez y del consejero de Empleo Antonio Fernández. Guerrero habría recibido pagos directos de Uniter por valor de 100.000 euros. González Mata, que también coló diversos intrusos en los ERE, habría percibido 20 millones en sobrecomisiones, dinero destinado tanto a su enriquecimiento personal como al «sostenimiento de la trama».

El director de Vitalia, Antonio Albarracín, confirmó ayer ante Alaya que los sindicatos cobraban un porcentaje de cada expediente «como una auténtica medida de presión», pues «se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar», «si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan». La empresa exigía a la mediadora que pagara un 0,5% para cada central : «No tenías más opción, o lo pagabas o no hacías la operación». Había un singular entendimiento entre la Junta y las centrales, dijo.

Albarracín fue imputado de un delito de blanqueo de capitales.

UGT y COOO negaron haber cobrado y Carbonero dijo que «si se le llama 'conseguidor' a buscar que los trabajadores salgan de las empresas en las mejores condiciones, lo mejor que se puede hacer es ilegalizar a los sindicatos». José Antonio Castro, de IU, admitió «cierta intranquilidad» por si el caso salpica a miembros del Gobierno.